Demora de la ley de rescate es muy dañina

En pocas semanas la administración de Abelardo de la Espriella habrá cumplido sus primeros 100 días de gobierno, con muchas más luces que sombras. Inexorablemente, vendrán balances y diagnósticos exhaustivos sobre los nombramientos sectoriales y la gestión realizada hasta el momento. Los 100 días son una ventana de tiempo más que suficiente para avanzar con firmeza en la hoja de ruta de la necesaria recuperación social, política y económica de un país que fue dejado en las profundidades del desgobierno y la apatía institucional por la anterior administración. Son muchas más las ejecutorias positivas que se han consolidado hasta la fecha que los desaciertos; sin embargo, los lunares en la aplicación de la cartilla económica persisten.

Haber dejado caer la aprobación de la ley del Presupuesto en el Congreso fue un error político y técnico que pesará gravemente sobre el Ministerio de Hacienda. La cartera económica, sin darse cuenta, ha ido quemando un tiempo valioso en la presentación de la ley de ajuste o de financiamiento que esperan con urgencia los mercados internacionales. Los bancos, los gremios empresariales, la banca multilateral, las firmas calificadoras de riesgo y, en general, la opinión pública necesitan ver la hoja de ruta macroeconómica de los próximos cuatro años. En esta propuesta debe existir un fuerte compromiso institucional con el crecimiento sostenible, la estabilidad jurídica y la certidumbre tributaria para que puedan materializarse las inversiones necesarias del sector productivo.

Al tiempo que se agota la expectativa por el ajuste fiscal, aumenta la incertidumbre en los agentes económicos sobre cómo se va a financiar el presupuesto más grande de la historia del país: $635 billones. Esta cifra, que en teoría sincera los ingresos reales y los gastos proyectados, se convierte en una esperanza de que las cosas se estén haciendo de cara al público. No obstante, todos los centros de investigación económica del sistema financiero y las empresas, además de los analistas tradicionales, coinciden en señalar la preocupante lentitud en la que incurre la cartera económica para presentar las cifras definitivas.

Aún no se sabe si el programa del FMI será una realidad estructural o si simplemente fue un comentario técnico para evaluar las reacciones de quienes, al final de la cadena, pagarán las cuentas. Con un crecimiento económico promedio de 2,3% durante los últimos años, es de esperarse que el sector productivo no sea quien pague los platos rotos con una reforma tributaria draconiana, como la que se estila en estos casos de profundo déficit fiscal. Fueron el sector público, el exceso de gasto durante la pandemia y el pasado desgobierno los únicos responsables del estado actual de las finanzas; por lo tanto, esa factura no la deben pagar los empresarios ni los empleados formales.

El verdadero “paganini” de la situación deben ser las promesas populistas respaldadas por el presupuesto general. Por ello, el ajuste debe traducirse en el mayor recorte al gasto público de la historia reciente y en la evolución definitiva hacia un gobierno austero y eficiente. Reducir el gasto burocrático en $40 billones debe ser el imperativo ético y económico del gobierno de turno, y no una reforma tributaria que busque extraer esa misma cantidad de dinero de los bolsillos de los contribuyentes de siempre.

Si al FMI le correspondiera dictar la cátedra económica para esta coyuntura, lo más probable es que recomendara enajenar algunos activos del Estado que no tienen rumbo o son estructuralmente ineficientes. Al mismo tiempo, sugeriría atacar de frente la evasión de impuestos y la elusión, así como reducir la informalidad laboral.