Descertificación en tiempos del libre comercio

A finales de 1991, el presidente de Estados Unidos, George Bush, firmó la Ley de Preferencias Comerciales Andinas, Atpa, que eliminaban los aranceles a una gran cantidad de bienes y servicios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú con el objetivo de que esos países andinos desarrollaran sus industrias como una solución a la creciente producción de marihuana y cocaína de la época, actividad que se convertía en una amenaza para el continente y generaba desestabilización política en la región.

De esta manera, la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas fue asociándose más a la erradicación de la droga y en el glosario político colombiano se conoció como “Atpdea”. Siempre fue un sistema de preferencias comerciales ideado por Estados Unidos y unilateral, por simple ayuda hemisférica del gobierno republicano de entonces. Y en efecto, esa compensación política-comercial en que se convertía el acceso libre de aranceles al mercado motor de la economía global, ayudó a despegar el sector floricultor de Colombia y Ecuador y desarrolló las exportaciones de frutas Perú. El hijo de Bush, George W. Bush, renovó esa punta de lanza de lucha hemisférica contra el comercio de drogas en 2002 y se adoptó el mecanismo de la certificación de esa lucha contra el narcotráfico, pues algunos países recibía la compensación por una batalla que no daban desde las instituciones nacionales; es decir, no atacaban a fondo los cultivos ni mucho menos enfrentaban a los capos de las drogas.

Por esos años el mundo comercial empezó a bailar al ritmo de los tratados de libre comercio que eran la moda en todos los rincones y los países andinos iniciaron el proceso de negociación del TLC con Estados Unidos, primero en grupo y luego un a uno, pues el mismo narcotráfico hacía que no fuera lo mismo avanzar con Perú que con Colombia. Así las cosas, primero firmaron su tratado los peruanos y los países centroamericanos que Colombia que solo logró acceso en 2013. El Atpdea duró hasta el 12 de febrero de 2011. Vale la pena resaltar que Bolivia fue expulsado del programa porque no cooperaba en la lucha contra los cultivos de hoja de coca.

La Ley de Preferencias Arancelarias está muerta desde 2011 cuando el senado estadounidense sepultó esas ayudas por la inminencia de los tratados de libre comercio y con esa sepultura las certificaciones que se hacía cada año. La historia viene a colación porque los congresistas colombianos no pueden especular con esa amenaza que ya no existe por parte de Estados Unidos, con quien hay un TLC amparado por las leyes internacionales de comercio. Pero, sí existe ayuda unilateral para la lucha contra los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas, actividades que desde los años 80 han desestabilizado la política colombiana. La tarea que le queda al Gobierno y al Congreso colombiano es impulsar las actividades agroindustriales en las zonas coptadas por los narcos y hacer crecer el comercio con Estados Unidos, tal como era la idea inicial del Atpdea. El hecho de que no exista la certificación o la descertificación no quiere decir que en algún momento Estados Unidos (que es nuestro primer social comercial) pueda diseñar herramientas de castigo por no hacer lo suficiente por frenar el envío de cocaína a sus ciudades. Muchas cosas han cambiado, pero la esencia de las relaciones es la misma.