Economía bajo el síndrome de malos trámites

No tiene ninguna justificación lo que acaba de sucederle al proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para el próximo año. Nuevamente, un error de trámite a la hora de conciliar lo aprobado por la Cámara de Representantes y lo propio en el Senado obliga al gobierno a expedir el presupuesto por decreto. Esto ocurre justo en medio de la visita de la banca multilateral, a la cual se acudirá por préstamos y acompañamiento para salir del bache económico en el que se halla Colombia. Tuvo que ser la Vicepresidencia de la República la que confirmara que, tal como dicta el Estatuto Orgánico del Presupuesto, se expedirá mediante decreto el texto aprobado en el primer debate.

El monto global no cambia y se mantiene en $634,9 billones; solo se modifican los traslados entre sectores que se habían aprobado en el segundo debate. Así, se perderá la adición de $3 billones a la salud y la reducción en el servicio de la deuda en casi $11 billones. También se perderá el incremento de casi $8 billones que se había fijado para el gasto de inversión. Todo un papelón para una administración que prometía hacer las cosas de forma distinta a la del gobierno anterior, que fue un caos en estas materias.

No se puede olvidar que la administración de Gustavo Petro, en su afán por sacar adelante el rediseño del sistema pensional, en dos ocasiones no acompañó adecuadamente el trámite de la importante reforma, que solo hasta ahora se está aplicando en toda su dimensión. Los afiliados a los fondos privados, el régimen de transición y los mismos beneficiarios de los distintos pilares vivieron en el limbo durante casi dos años, como consecuencia de la falta de rigor de los congresistas y, por supuesto, de un gobierno enfocado en los objetivos políticos y no en las minucias de los trámites. Y justo cuando se creía que las formas y maneras de trabajar entre el Ejecutivo y el Legislativo habían cambiado, se cae el presupuesto del próximo año por el descuido de funcionarios técnicos que debieron prever la conciliación entre lo debatido en la Cámara y en el Senado.

Si este “pequeño gran problema” se soluciona simplemente decretando el presupuesto, sobreviene la pregunta: ¿qué sentido tiene que el Ejecutivo lleve su proyecto de ingresos y gastos al Congreso si lo puede imponer por decreto, tal como viene sucediendo durante los últimos tres años? Quizá esta sea una muestra fehaciente de que quienes están al frente de las finanzas públicas no cuidan el detalle.

La figura de la “dictadura fiscal” prevista en el Estatuto Orgánico del Presupuesto debe traer implicaciones políticas. No es lo mismo un “decretazo” que la concertación de los gastos y los ingresos, máxime cuando se está a las puertas de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para un programa de préstamos y asesorías.

Estas medidas, indiscutiblemente, involucrarán trámites en el Congreso y requerirán la probidad de una tecnocracia capaz de elaborar proyectos de ley y hacerle un seguimiento riguroso a la agenda vinculante entre el Estado y la banca multilateral. Ad portas de cumplir los primeros 100 días, este es quizá el error más grande que ha cometido el nuevo Ejecutivo. No se trata de la salida de un funcionario que militaba en el gobierno pasado; obedece a un grotesco error de trámite que desdice mucho de la promesa de empezar a hacer las cosas de una manera diferente, donde el rigor sea el eje central de cada una de las acciones. Por fortuna, esto se dio en el amanecer de la nueva administración; que sirva este tropiezo para corregir el rumbo.