El articulito que acabaría con más tributarias

Hace tres años, antes de que todos los temas políticos, económicos y sociales, fueran eclipsados por el coronavirus, la vacuna y la reactivación, el Comité de Asuntos Fiscales de la Ocde aprobó un documento de referencia mundial para la lucha contra los delitos fiscales: los diez principios universales. A los ojos de los tributaristas expertos, “la guía proporcionó un marco de actuación a todas las administraciones tributarias sancionadoras de todo mundo para que persigan delitos de naturaleza fiscal. La idea era visibilizar ante la comunidad internacional y las administraciones tributarias de todo el mundo el conocimiento y las técnicas penales necesarias para luchar contra la evasión fiscal internacional, la corrupción, la financiación del terrorismo y otros delitos fiscales”.

El decálogo está compuesto por: la penalización de las infracciones tributarias, tener una estrategia efectiva para abordar los delitos tributarios, tener poderes investigativos adecuados, poder efectivamente embargar/incautar y confiscar activos, contar con una estructura organizacional con responsabilidades definidas, disponer de recursos adecuados para la investigación de delitos tributarios, delito tributario como un delito predicado o delito subyacente para el lavado de dinero, tener un marco efectivo para la cooperación interinstitucional o interagencia, asegurar que los mecanismos de cooperación internacional estén disponibles, y finalmente, garantizarles los derechos de los sospechosos.

Lo anterior es una batería de situaciones y acciones que en Colombia no se hacen o que pasan desapercibidas, pues el estado colombiano a lo largo de casi una reforma tributaria cada año y medio se ha especializado en poner impuesto, pero jamás en hacer cumplir la ley a los defraudadores. Siempre la responsabilidad recae sobre los mismo de siempre, las personas naturales y jurídicas visibles que está formalizadas.

Dice la Ocde que “cada vez más, las jurisdicciones están adoptando un enfoque estratégico para abordar los delitos tributarios, lo que incluye enfocarse en los riesgos clave y aprovechar las herramientas para la cooperación con otras agencias de aplicación de la ley, tanto a nivel nacional como internacional. Al mismo tiempo, las investigaciones de delitos fiscales deben realizarse cada vez con mayor eficiencia y menos recursos. Sin embargo, los datos muestran que la inversión vale la pena, ya que algunas jurisdicciones pueden calcular el rendimiento de la inversión de los equipos de investigación tributaria penal e informar la recuperación de fondos muy por encima del gasto, que van del 150% a 1500% de retorno de la inversión”.

Está claro que si la nueva reforma tributaria quiere ser efectiva debe empeñarse en revisar las penas contra los delitos fiscales. Incluso, la nueva reforma tributaria de carácter solidario del Ministerio de Hacienda, podría reducir todo el articulado contra la evasión a un solo artículo: “habrá cárcel para las empresas y personas naturales que no paguen los impuestos” y se ahorrarían todas las discusiones tributarias de la próxima década. Si Colombia quiere verdaderamente ser un Estado de derecho y caminar hacia la solidaridad, debe penalizar la evasión de impuestos y empezar a implementar las recomendaciones de la Ocde. Es simplemente injusto que los impuestos los paguen siempre las mismas personas.