El debate del mínimo se puede precipitar

Lo normal es que el debate sobre el incremento del salario mínimo para el nuevo año comience bien entrado noviembre y que, para el 15 de diciembre -bajo la coordinación del Ministerio del Trabajo-, los trabajadores y empleadores hayan acordado un monto. Si no se logra de manera concertada, el Gobierno Nacional de turno lo decretará, tal como ha sucedido durante los últimos tres años y en varios periodos de crispación política.

Lo habitual es que los sindicatos presenten sus propuestas, al tiempo que los gremios empleadores exponen sus cifras basados en indicadores económicos oficiales. En un país que busque el bien común, se esperaría un acuerdo concertado antes de terminar el año; si no se logra a mediados de diciembre, se abre una prórroga corta y, si persiste el desacuerdo, la administración central fija el incremento por decreto antes de que expire el calendario. Estos criterios técnicos tienen en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre para proteger el poder adquisitivo frente al costo de vida.

A esto se suma el comportamiento y crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), reflejado en la productividad, es decir, la contribución del trabajo al valor de la economía. Para sortear este asunto se creó la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, una instancia tripartita -Gobierno, gremios y centrales sindicales- que no se ha modernizado en años. Esto ocurre máxime cuando está demostrado que el costo de vida no cae en Colombia debido al exagerado incremento del salario mínimo en los últimos tres años, una realidad que no solo ha golpeado la generación de empleo formal, sino que mantiene la espiral de precios altos.

Asimismo, las multas y otras obligaciones legales han sufrido incrementos inusuales, dado que suben con base en el aumento del salario mínimo y no de la inflación o el crecimiento del PIB. Lo que se debe hacer es rediseñar la discusión anual e incluir otros modelos como el ajuste por horas, reformando un régimen laboral que hoy habla de mensualidades en lugar de labores por horas, tal como sucede en varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Otra alternativa es acordar pactos laborales a dos o cuatro años, de tal manera que la expectativa de subida de precios no provoque la tradicional “cuesta de enero”, mes en el que la disparada de precios absorbe el incremento legal.

Claramente, no solo la discusión es obsoleta, sino también las variables a tener en cuenta. Se debería retomar la inflación esperada por el Banco de la República, de modo que la entidad constitucionalmente responsable de mantener el poder adquisitivo del peso se comprometa más con su deber.

Pactos a cuatro años, datos del Emisor y fijación por hora son elementos que modernizan el debate y lo sincronizan con las jornadas globales de cuatro días, la automatización, la inteligencia artificial y los nuevos frentes que transforman el mundo laboral. Dejar que dos o tres centrales obreras representen a todos los trabajadores y que un puñado de gremios hablen por los empleadores es mantener miope la discusión en una Colombia donde abundan los independientes.

Hay que arrebatarle toda la discusión sobre el salario mínimo al populismo económico, ese que tanto mal le hace a 20 millones de familias al hacerles creer que el punto está en la cifra del incremento y no en el costo de vida. No hay que precipitar el debate sobre la subida del mínimo, hay que repensar qué y cómo se discute.