Editorial

El dividendo por la paz tiene raíz en la ruralidad

<p>Sellar la paz con un grupo guerrillero ya de por sí debería ser una gran negocio para la sociedad civil, pero la paz para Colombia es cuantificable</p><p>&nbsp;</p>

En 1998 el Departamento Nacional de Planeación realizó un estudio (Trujillo y Badel) que concluía que hacer la paz le generaría beneficios económicos de por lo menos US$1.100 millones anuales. En la mañana de hoy, el presidente de la República, Juan Manuel Santos y el jefe del DNP, Simón Gaviria, le revelarán al país a cuánto corresponde el dividendo que le representará a la economía nacional un acuerdo definitivo con la guerrilla de las Farc; si bien conseguir que los grupos alzados en armas no asesinen a más miembros de las fuerzas armadas, ni secuestren compatriotas y que con su accionar no condenen más al atraso a cientos de municipios en Colombia, ya de por sí es un gran avance en términos de respeto a la vida y al bienestar social. No todo debe medirse con la lupa económica per se, pero sí es fundamental conocer de primera mano los beneficios financieros de una paz esquiva en casi 60 años.

Para nadie es un secreto que los economistas colombianos y muchos colombianólogos en universidades del exterior han estudiando los costos económicos que genera la guerra y las consecuencias de lo que representa la paz para un país en conflicto interno. Hay gran cantidad de trabajos académicos en ese sentido, pero se han ido a engrosar los anaqueles de entidades y universidades. En el estudio mencionado se diferenciaron dos tipos de costos: los directos, representados en pérdidas de capital humano, capital físico y recursos naturales; y los indirectos, que se referían a la pérdida de productividad, enfermedades, desestímulo a la inversión, asignación ineficiente de recursos y los costos de transacción. En ese momento se llevaban unos 30 años de conflicto armado y las pérdidas de oportunidad de mayor desarrollo aún no se cuantificaban, pero fueron un gran punto de partida para el trabajo que hoy entrega el Gobierno Nacional.

Si coincidimos en la sociedad civil en que aminorar el accionar de los grupos al margen de la ley, desmontando al más activo y numeroso como son las Farc, trae beneficios tangibles para todos los colombianos en términos de protección del capital humano, capital físico y recursos naturales, además de los costos de inversión y transaccionales, como un paso urgente, se debe mirar al mismo tiempo en dónde depositar esas mejoras en la asignación de recursos, y no hay otro lugar que en el sector agropecuario, que es el más afectado por el conflicto de hace seis décadas. Claramente el dividendo de la paz tiene su origen y destino en la ruralidad y para ello el Gobierno debe hacer las reformas institucionales pertinentes para sacar adelante este bien superior.

Los colombianos no podemos seguir pagando el altísimo precio de la guerra que beneficia a unos pocos que se han enriquecido negociando la demanda de un país en conflicto que ahonda diferencias sociales y genera desigualdad.