El improvisado registro de celulares

Las autoridades no pueden dejar perder esta oportunidad por improvisar este tipo de medidas que golpean la delincuencia

Nadie con una mínima dosis de cordura e institucionalidad se opone a la necesaria medida gubernamental que busca que más de 47,8 millones de celulares que operan en todo el país, queden registrados ante las autoridades y, curiosamente, en las mismas empresas que venden minutos de uso de telefonía celular en dos formas diferentes: prepagados o pospagados. No es un secreto para nadie que siempre en una escena delictiva hay una víctima, un vehículo, un arma y un celular.

Las cifras hablan por sí solas: por cada 100 colombianos hay 102 celulares activados, y la tendencia crece de tal manera que en tres o cinco años Colombia desplazará a Panamá, que es el país con más líneas celulares por habitante, 205 por cada 100 personas. Pero ese gran negocio de multinacionales no solo ha dejado a la tradicional telefonía fija en el camino y a pocos años de su inexorable muerte, sino que ha crecido de manera desordenada y caótica; un resquicio que han aprovechado los delincuentes para hacer su agosto en todos los meses del año. No solo hay un preocupante robo de aparatos celulares, sino que desde las cárceles se extorsiona a través de números, por lo general en prepago no identificados.

Lo que no se entiende es por qué se presta un servicio de llamadas sin identificar la unidad tecnológica desde donde se origina, llámese SIM o IMEI. Eso nos dice que las empresas de telefonía celular fueron inexcrupulosas y vendieron a diestra y siniestra sus servicios sin pensar en las consecuencias, que solo ahora piensan remediar, registrando todos los aparatos en servicio. El Gobierno Nacional, consciente de esto, adelantó el obligatorio registro de los aparatos en las páginas web de los operadores de telefonía celular o en sus oficinas, pero no estaban preparados para eso. Y es toda una aventura logística pretender que unos 40 millones de aparatos se registren de un momento a otro.

Como siempre sucede, la medida es apresurada, improvisada y corre el riesgo, como muchas cosas en esta administración, de que su ejecución no se lleve a feliz término. La medida es necesaria y no debe echarse para atrás, pero en ella se deben comprometer las autoridades y las empresas a hacerlo de manera escalonada. No pueden seguir vendiendo celulares sin papeles, no pueden seguir vendiendo minutos sin responsables; toda una suerte de decisiones que debe cobijar primero a las empresas y a las autoridades.

Posteriormente, cuando eso haya surtido efecto, se debe llevar a cabo la norma que obliga a todos los usuarios a registrar los prepago, pues con los postpago no solo se sabe de quién es el celular, sino de dónde se llama y a quién se llama. Por favor, señores del Gobierno, no más improvisaciones.