Cerca de $1 billón del presupuesto de los colombianos se han llevado las protestas sectoriales
Anif, el centro de investigación financiera y económica, ha puesto el dedo en la llaga al hablar con cifras concretas sobre el ‘costo económico de los paros y el descarrilamiento institucional de Colombia’. En su análisis semanal concluye que: “los paros de finales de 2012 y principios de 2013 le costaron al país no menos de unos $900.000 millones, equivalente a 0,8% del PIB del primer trimestre de 2013. Este valor perdido por cuenta de las huelgas es como si toda Colombia hubiera hecho un paro de un día completo. Si sumamos esta pérdida a los cuatro días hábiles de menos que se registraron en el primer trimestre de 2013, el PIB-real de este año entra con un handicap de 1,8% de menor valor-agregado”.
Y a renglón seguido, plantea que “mientras el gobierno le asigna a la desaceleración económica actual una gran ponderación a los choques del exterior, como vemos, muchos de los factores son de cocinado local, por falta de un apropiado manejo gubernamental, en medio de una peligrosa desinstitucionalización que toca sectores tan variados como la justicia, el café, el carbón y las universidades públicas”. Una dura realidad que se está volviendo frecuente en un país donde la guerra en contra de la institucionalidad es pan de cada día.
Desde finales de 2012 y lo corrido de 2013, hemos sido testigos de al menos cinco huelgas que han tenido un impacto en las finanzas nacionales.
La primera de ellas fue la de la justicia que duró 42 días y logró reajustes salariales por $1,22 billones entre 2013-2017, sin exigir contrapartidas de ganancias en productividad. Se ha calculado que los costos directos de 42 días de paro judicial ascendieron a unos $65.000 millones. El paro carbonífero de 32 días implicó un desplome de 21% de la producción durante el primer trimestre ocasionando pérdidas por $660.000 millones. La tercera protesta fue la cafetera de 12 días, que Anif estima tuvo un costo de más de $85.000 millones. Y las últimas fueron las de la Universidad Nacional que duró 27 días y logró apropiaciones por $36.000 millones, y la de los transportadores, que duró seis días y costó $69.627 millones.
Los gobernantes deben aprender a no ceder ante las presiones de los paros, ya que estos no solamente impactan al país económico, sino también su institucionalidad.
No se sabe que es peor para el país económico y político: un Gobierno Nacional en plena campaña de reelección; unos productores del agro pidiendo a dos manos subsidios; un aparato judicial beligerante y poco competitivo o una universidad pública con mucho presupuesto y pocos resultados. Esta situación se convierte en un coctail de peligrosos resultados para las arcas nacionales y sobre todo para la institucionalidad forjada en décadas.
