El momento de las oficinas de planeación

La corrupción brilla con mayor fuerza en las oficinas de planeación de los 1.103 municipios de Colombia, especialmente en las ciudades capitales y en aquellos municipios intermedios que transitan entre ser ciudades dormitorio y grandes urbes en crecimiento descontrolado. Muchos concejales, alcaldes, diputados y gobernadores alcanzan sus cargos de elección popular gracias a la financiación de constructores.

El objetivo de este patrocinio es claro: que una vez elegidos, los mandatarios tramiten licencias de construcción, faciliten el “volteo de tierras” y aprueben parcelaciones, unidades residenciales, proyectos de vivienda de interés social o la remodelación de casonas antiguas para convertirlas en oficinas y hoteles. A las secretarías de planeación suelen llegar funcionarios poco idóneos que se enriquecen mediante el trámite de licencias recomendadas.

Si un edificio colapsa durante un terremoto, no se debe únicamente a fallas estructurales, sino a que los funcionarios de planeación manipularon las licencias, omitieron las auditorías de obra y otorgaron permisos en terrenos sensibles, vulnerables y de alto riesgo. Basta con caminar por los barrios populares de las ciudades colombianas o por los centros históricos de los pueblos para evidenciar, a simple vista, la existencia de miles de edificaciones que jamás fueron supervisadas por un ingeniero ni avaladas por un arquitecto.

En todo el territorio nacional es un secreto a voces que alcaldes y concejales permiten edificar sin las condiciones técnicas necesarias para proteger a las familias que compran apartamentos u oficinas. Cuando ocurre un sismo destructivo, nadie les exige responsabilidades políticas ni penales. El caso más grotesco es el de la remodelación del aeropuerto de Pereira, una de las capitales más importantes del país, cuya infraestructura moderna falló al ser puesta a prueba por un sismo. Que esto suceda en el Eje Cafetero, una región históricamente vulnerable y con antecedentes de terremotos devastadores, es el reflejo de cómo la corrupción logra torcer voluntades técnicas.

Tal como ocurre en los países desarrollados, cada construcción en Colombia debería contar con planos milimétricos que detallen habitaciones, baños, escaleras, redes de alcantarillado y salidas de emergencia identificadas. Las licencias de remodelación deberían otorgarse estrictamente sobre estos planos para evitar víctimas fatales ante la inminencia de futuros sismos. Sin embargo, los funcionarios de planeación carecen de idoneidad y rotan con cada cambio de alcaldía, perpetuando estos nidos de corrupción, ya que los patrocinadores de los gobernantes locales ven en la expedición de licencias una auténtica mina de oro.

Si el gobierno de Abelardo de la Espriella verdaderamente aspira a hacer historia, de la mano de un Congreso que demuestre ser superior a sus predecesores, debe reformar estructuralmente el modelo de asignación de licencias de construcción en el país. Ahora más que nunca es imperativo frenar la entrega de estos permisos corruptos, que son los verdaderos culpables de las muertes en los terremotos.

La mayoría de las naciones ubicadas en zonas de alto riesgo sísmico han revolucionado sus normativas utilizando materiales sismorresistentes, aplicando controles rigurosos a las remodelaciones y delimitando estrictamente las zonas aptas para la expansión urbana. La corrupción en los municipios, la flexibilidad en las licencias de construcción y la poca exigencia a los constructores hacen que aún sea un país muy vulnerable frente a los eventos naturales.