El petróleo, los impuestos, ahora las pensiones

El expresidente Álvaro Uribe tiene razón cuando dice que rescata del presidente, Gustavo Petro, su coherencia, al menos lo que ha demostrado en estos poco más de 100 días de nuevo gobierno. Primero, en campaña arremetió contra la industria petrolera y sus acciones administrativas han ido en contra de ella, por ejemplo frenó los pilotos de fracking y gravó a las empresas dedicadas a la extracción de crudo con más impuestos.

Segundo, fue consecuente con su promesa de hacer una reforma tributaria en los primeros días, y se ha convertido en el primer Presidente de la historia que ha aumentado los impuestos sin misericordia con el estado de la economía, ni las bajas proyecciones de crecimiento para el nuevo año; incluso, la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings ha dicho que la cascada tributaria no aliviará las finanzas públicas ni afectará el déficit fiscal, pues mucho de esos recursos se irán para gasto social, no para cuadrar caja de las arcas nacionales. Y ahora en caliente, sin perder mucha popularidad a la luz de las encuestas, se lanza con la reforma pensional prometida en campaña basada en tres pilares: el fortalecimiento de Colpensiones y la bajada de nota a los fondos privados, más una cosa que no es menor, prometer que tres millones de personas mayores por encima de 62 años tengan una pensión de medio salario mínimo. Los últimos gobiernos han tenido a la reforma pensional entre sus iniciativas estructurales, pues el sistema no funciona de acuerdo a la realidad del mercado y muchas de sus buenas ideas no se han actualizado desde 1993, incluso la edad de jubilación sigue siendo de las más bajas de la Ocde y de la Alianza del Pacífico; aún en Colombia los hombres se jubilan de 62 años y las mujeres de 57, un lujo tercermundista que no es consecuente con las finanzas del país, los avances en la calidad de vida, los mejores tratamientos de las enfermedades y las tecnologías de punta, situaciones que han llevado a que países similares a Colombia tengan una expectativa de vida que supera los 78 años.

La reforma pensional que ha llevado al partidor de las discusiones políticas el Ministerio de Trabajo aún está en borrador, pero compromete el mercado de valores, la inversión de los fondos privados de pensiones en la infraestructura y enciende las alarmas de revivir el Instituto de Seguros Sociales, entidad pública que fue saqueada por la corrupción por décadas. Colpensiones compite con las AFP de manera desleal al subsidiar las pensiones públicas y al tener más gabelas para que las personas empiecen a cotizar en fondos privados cuando son jóvenes, pero al estar una década más cerca de pensionarse se vayan al fondo público porque las condiciones son mejores; incluso hay una lluvia de demandas de pensionados y ahorradores privados que buscan por los tribunales cambiarse de sistema, demostrando que algo malo hay en la competencia. Las primeras propuestas del Gobierno no son claras y lesionan a los fondos privados y a las personas que cotizan disciplinadamente durante años y premia a quienes no ahorran con un pilar solidario de renta básica que cobijará a las personas que no alcanzan a obtener una pensión; el contributivo, para las personas que devengan hasta cuatro salarios mínimos y harán sus aportes obligatorios al régimen de prima media administrado por Colpensiones; y el tercer pilar, para los que tienen ingresos superiores a cuatro salarios mínimos que hacen aportes al Régimen de Ahorro Individual Privado.