El poder de la Contraloría

En la misión de la Contraloría General de la República reza textualmente: fortalecer el control y la vigilancia de la gestión fiscal con enfoque preventivo en el marco de la Constitución y la Ley, para garantizar el buen manejo de los recursos públicos, en la búsqueda de la eficiencia y la eficacia de la gestión pública, con participación de la ciudadanía, para el logro de los fines del Estado. Lo que complemente en su visión: “en 2018, la Contraloría será reconocida como una entidad autónoma e independiente que, con el fortalecimiento del control y la vigilancia de la gestión fiscal, contribuyó al buen manejo de los recursos públicos y a la eficacia en el cumplimiento de los fines del Estado”. Ambos principios están ajustados al mandato constitucional de esa entidad, que le imponen ser el máximo órgano de control fiscal del Estado y para lo cual la dota de herramientas que propendan por el mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.

Todos esos roles y funciones siempre han estado allí sobre el papel, en la letra muerta, pero son pocos los contralores que han sido cabales con sus funciones y han llevado a la entidad a otra etapa de desarrollo. El país no puede olvidar que por ese despacho han pasado personajes polémicos que se fueron al lado oscuro, como Julio Enrique Escallón, Aníbal Martínez Zuleta, Francisco Becerra y David Turbay, quienes mancillaron el nombre de una la entidad que por muchos años perdió toda credibilidad y se socavó su papel institucional. El actual contralor, Edgardo Maya, ha tratado de mantenerse independiente, muy a pesar de pertenecer a la clase política tradicional y que fue elegido con el viejo esquema de plenaria en el Congreso. El cambio de reglas para la elección del Contralor que se llevará el lunes, es un enorme avance de como deben hacerse las cosas, no solo con las contralorías, superintendencias, procuradurías, las cortes y todos esos cargos de elección popular en los que se ha enquistado la corrupción y están capturados por los delincuentes desde hace varias décadas. Lograr que haya una universidad de primer nivel detrás del aval de las hojas de vida y la prueba de conocimientos para el cargo, es un enorme paso adelante; aunque en esta ocasión no hayan salido como se quisiera. Es la primera vez que la academia juega un papel preponderante y así debe ser. Si miramos la creciente polémica por la formación del Presidente del Senado y lo atamos a la selección de los perfiles para el Contralor, podemos advertir que allí está parte de la solución: que todo funcionario de elección parlamentaria o por voto popular debe pasar por unos exámenes de conocimiento sobre el papel que va a desempeñar, pues sobre él recae el manejo del país político y económico. Las Colombia del siglo XXI no puede seguir manejada por alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, representantes y senadores, sin los conocimientos necesarios para ejercer una buena función pública. El país atraviesa por un momento de cambio profundo al que no hay que perderle el paso; en todos los sectores se ha destacado la formación académica de los nuevos ministros del gabinete de Duque, pero eso no se ha logrado llevar al congreso ni a los mandatarios locales y regionales. Si no le damos más peso a la educación formal de los servidores públicos, estamos negando que solo la educación garantiza el buen futuro de las personas. Decimos que los niños y los jóvenes estudien, pero nombramos personas sin estudio.