El Presupuesto del otro año va a ser un problema

La Ley del Presupuesto General de la Nación para el año que viene, el último de este Gobierno, debe estar aprobada en las comisiones económicas conjuntas antes del 25 de septiembre, su discusión en las plenarias de Cámara y Senado debe quedar listas antes del 20 de octubre. Si estos plazos no se cumplen, se cae en la llamada dictadura fiscal, que no es otra cosa que el Ejecutivo se responsabiliza de sus decisiones financieras, pero en 2025 sucedió todo esto y no pasó nada.

Cabe resaltar que el Presupuesto General de la Nación es un instrumento político en el que se detallan los ingresos y gastos del Estado anuales; se define en qué se invertirán los recursos y la Constitución dicta que se haga el ejercicio de discusión entre el Gobierno y el Congreso para atender las necesidades del país. Siempre había sido así, hasta el año pasado, cuando al Ministerio de Hacienda le dio por meter una reforma tributaria bajo el nombre de ley de financiamiento en la misma discusión, dicho de otra manera, la discusión de los presupuestos iba envenenada.

La cartera de Hacienda radicó un presupuesto para 2025 por $523 billones, de los cuales $12 no tenían fuente de financiación, por lo que radicaría una ley de financiamiento; para entonces el Presupuesto no guardaba relación y congruencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y ponía en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, cosa que ha sucedido; además, dicho Presupuesto incrementó los ingresos tributarios de la Nación en 22,5%, mucho más del crecimiento tradicional de la economía; en pocas palabras, allí comenzó el problema más grave que tiene el Gobierno Nacional que en pocas semanas entrará ya en su último año de administración, pero de igual manera debe presentar los presupuestos con el paradigma real de que el palo no está para hacer cucharas, como dicta el adagio popular.

Lo más responsable con el país es que el Ministerio de Hacienda haga dos proyectos: uno, sobre cómo financiar los nuevos gastos y reducir el déficit; y dos, cómo va a plantearle al Congreso el Presupuesto de su último año. De momento, la confusión está desbordada. En el más reciente Consejo de Ministros, el titular de la cartera de Hacienda, Germán Ávila, presentó lo que sería el proyecto del Presupuesto para 2026, iría por $534,7 billones en precios constantes, es decir, $11 billones más que lo solicitado en 2025 (que son $551 billones en precios corrientes, $40 billones más), pero con la realidad de que los ingresos no crecieron.

Este año -no se puede olvidar- el Presupuesto General estaba desfinanciado en $12 billones, (¡Este fue el gran error!), además todo el proyecto presupuestal se hundió, por lo que se emitió vía decreto. Aquí hay varios vacíos en las normas: cómo pudo el Gobierno Nacional decretar un Presupuesto, aumentar el déficit a niveles de pandemia y no pasar nada. Se ha sentado un mal precedente que el Congreso y las cortes deben entrar a arreglar: hubo una dictadura fiscal o presupuestal con graves daños para la salud macroeconómica del país y no pasó nada con sus responsables.

El último llamado es a los candidatos a la presidencia, que aún siguen enfrascados en el antipetrismo ramplón sin tener en claro que -literalmente- la olla va a quedar raspada y no tienen fórmulas para manejar dicho problema. El país que va a dejar el actual Gobierno está inmerso en problemas fiscales y de alta inseguridad, pero a nadie parece importarle.