El S.O.S. de la estabilización de los combustibles

El Banco de la República, en su tradicional informe al Congreso, ha explicado que el próximo periodo presidencial de Colombia, 2022 y 2024, estará marcado por la lucha frontal en contra de la inflación, que ya ronda los dos dígitos y que será un problema difícil de solucionar, pues la variación de precios solo volverá al rango meta, de entre 2% y 4%, durante el primer trimestre de 2024, es decir en plenas elecciones al nuevo Congreso.

Pero hay un elemento crucial en la formación de los precios: el costo de los combustibles que se ha mantenido congelado por varios meses muy a pesar de que en el mundo desarrollado son los culpables de la inflación. En Colombia la disparada en la formación de precios tiene su origen en los alimentos, que cabalgan en alzas de 25%, por la importación de derivados del petróleo que no se han logrado producir en el país y el elevadísimo valor que representa para la producción agropecuaria la mano de obra en labores básicas.

Hace varios meses que el Ministerio de Minas y la Creg no reajustan el precio de los combustibles para evitar que los problemas de las finanzas personales crezcan y se apoyan en el Fondo de Estabilización de los Combustibles, creado para aprovechar las vacas gordas, como la bonanza actual del petróleo que registra precios por encima de US$100 el barril, con el objetivo de ahorrar y subsidiar este gasto transversal para cualquier actividad económica. Pero la estrategia del Gobierno Nacional será un gran lío en el mediano plazo, pues el déficit de ese fondo casi completa $14,5 billones, una cifra que crece y que solo se taparía con una tributaria.

La cartera de Minas y Energía sigue siendo la autoridad rectora al manejar este problema, solo que ahora se apoya en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en la sensibilidad de los precios que están por aplicar durante el segundo semestre de este año, que incluya el cambio sin importancia en la fórmula para el cálculo de precios, que no va a tener variaciones estructurales. El precio está compuesto por cuatro variables que varían de una región o una ciudad a otra. Al productor se le carga un impuesto nacional, IVA, impuesto al carbono, tarifa de marcación, tarifa de transporte de poliductos y la tarifa de transporte de alcohol.

En precio máximo de venta a distribuidor mayorista interviene el margen de distribuidora mayorista, IVA de margen de distribuidora mayorista y sobretasa. En el precio máximo de venta a planta de abasto, se tiene en cuenta el margen de distribuidor minorista, la pérdida de evaporación y el transporte planta abasto a estación de servicio. Y en el precio máximo de venta por galón se incluye la sobretasa. En el caso de la gasolina motor corriente, los aumentos se fijan hasta un tope de 3% y el diésel hasta 2,8%.

El precio promedio de venta de la gasolina en las 13 ciudades principales está en $9.030 y el diésel en $8.868, valores que ubican el combustible entre los más baratos de la región, después de Venezuela (US$0,03), Bolivia (US$0,54) y Haití (US$0,6). Quizá sea un lujo pasajero para los colombianos que los gobiernos de turno mantengan subsidiado el combustible y que el despertar, más tarde que temprano, sea una pesadilla para la salud de las finanzas, todo un peligro en un momento en que algunos candidatos prometen ayudas y subsidios sin tener en cuenta las fuentes de ingresos de la Nación que no son suficientes y ahondan el déficit fiscal.