El sector minero perdió el rumbo

Durante la primera administración del presidente Santos (2010-2014) se promocionó el cuento de las locomotoras para el desarrollo económico, además del agro, la construcción y la infraestructura, eran las minas y la energía, un importante vagón de ese tren que nunca llegó a buena estación. Quizá solo la construcción y la infraestructura cumplieron con el objetivo trazado, pero el agro y las minas jamás llegaron a ninguna parte. El concepto de las locomotoras para el desarrollo tuvo una falla de origen que tenía que ver con el mismo nombre, pues no hay nada más obsoleto y contaminante que un viejo tren movido por carbón, tal como fueron las locomotoras en su momento.

Ya en el segundo plan de desarrollo se profundizó el tema de la construcción, la educación y la infraestructura con buenos resultados hasta ahora. Nadie puede negar el avance del país en vivienda social y en el planteamiento y puesta en macha de grandes obras prioritarias para la competitividad, como puentes, doble calzadas y las tan promocionadas 4G. En agro no crecemos como el país lo demanda y los planes de sustitución de importaciones no funcionan ni se ven en el abastecimiento local cada vez más caro producto de las compras en el exterior. En la producción agropecuaria está toda la tarea por hacer; se camina a paso lento empantanados en una institucionalidad anclada en el pasado y en la falta de competitividad.

Pero el caso más dramático de la economía colombiana actual tiene que ver con el sector minero. El contexto internacional lo golpeó con bajos precios de todos los comodities e hizo que el carbón, el níquel, el oro y otros minerales perdieran su atractivo para las grandes inversiones, al tiempo que los grandes planes de explotación de minerales debieron pasar a un segundo plano. Si bien esa es una situación común a todos los mercados emergentes, en Colombia las cosas son más complejas y generan mucha desconfianza sobre la competencia de quienes están manejando la otrora locomotora minera.

Todo lo que ha sucedido en torno a la indecisión en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, es una muestra fehaciente del desgreño administrativo por parte el mismo gobierno central y del Ministerio de Minas, en general y de la cartera de Ambiente como directo responsable. A esto se suma la decisión de la Corte Constitucional que falló a favor de los consejos comunitarios campesinos que tumbaron las resoluciones que establecieron zonas de reserva minera en una veintena de departamentos al considerar que no se respetó el derecho a la consulta previa. Las reservas se crearon en el Plan de Desarrollo que autorizó a las autoridades mineras para que se determinarán los minerales estratégico. No es que la Corte no tenga la razón, sino que el Gobierno no le ha hecho seguimiento a un tema neurálgico.