El síndrome de cójalo, cójalo suéltelo, suéltelo

Los jueces actúan bajo el imperio de las pruebas y los expedientes a la mano, y si se ha configurado un delito, el delincuente lo filma para difundir su acto, dejando pruebas contundentes de su comportamiento, no puede existir la menor duda de que tenga que ser condenado de manera ejemplar.

El problema que más aqueja a los colombianos durante los últimos meses es la delincuencia contra la propiedad privada y los bienes públicos, una derivación de las necesidades desencadenadas por la pandemia y el desasosiego de una sociedad encerrada, empobrecida, desempleada, bloqueada e inmersa en la incertidumbre.

Todo lo anterior pareciese surtir como una exposición de motivos para el mal comportamiento social generalizado, pero no es más que un contexto de un comportamiento anómalo que hay que cortar por lo sano, rodeando las instituciones que trabajan para el mantenimiento del orden y el control y a su paso castigar de manera ejemplar a los individuos o grupos que se organizan para delinquir y destruir lo poco que se ha puesto al servicio de la sociedad como es un transporte público masivo.

Debe quedar claro que una persona líder de opinión (ahora influencer) no puede regocijarse ante sus audiencias destruyendo lo público e intentar victimizarse sin pagar las consecuencias de sus actos. Transmilenio para los bogotanos es el único transporte masivo que le soluciona la movilidad a millones de personas cada año y no tiene justificación alguna cargar en su contra para hacerse célebre, tal como lo hizo una persona que ha convertido las redes sociales en fuente de ingresos. Su comportamiento fue censurable en el momento por el mal ejemplo que le pudo ofrecer a las personas que compran sus productos y servicios, y si bien hay arrepentimiento, eso le aminora el castigo, pero la ley debe seguir su camino y actuar en derecho y obligaciones.

La sociedad colombiana debe revisar el mantra de “cójanlo, cójanlo, suéltenlo, suéltenlo”, una actitud cómplice de la delincuencia, producto del enternecimiento o victimización de las personas que cometen actos delictivos y luego piden excusas o perdones extratemporáneos. Quien comete un delito y es capturado en flagrancia debe responder por sus actos ante la justicia y sus abogados tratar de que se les reduzcan sus penas, como sucede en cualquier estado de derecho.

Tampoco es válido que se comparen delitos en distinto orden, situación o temporalidad para generar efectos políticos populistas. Narcotraficantes, guerrilleros, políticos corruptos, terroristas, bloqueadores de vías, entre otros delincuentes que hacen estragos con el bienestar del país, tiene las penas y castigos apropiados para sus actos que afectan el bien la sociedad; es una entelequia pretender comparar las penas entre un terrorista y un político corrupto o un vándalo y un narcotraficante. No es lógico comparar los castigos de la ley con fines igualmente politiqueros.

Debe haber un imperio de ley a toda prueba. Las reglas de juego para todos los colombianos deben ser las mismas y como en todo país, existen unas leyes, normas, decretos y códigos que hay que cumplir a cabalidad para poder surgir como sociedad. Las protestas, bloqueos y el vandalismo de los últimos meses le han enseñado al país que reivindicar el derecho a la protesta tiene sus límites, tal como sucede con los deberes y los derechos de todas las personas.