El término medio en obras por impuestos

Colombia es uno de los países con peor infraestructura material o física, que no es otra cosa que afirmar que carece de las vías, aeropuertos, puertos, internet, 5G, carrileras para trenes, sistemas de riego, hospitales y colegios, entre otras obras que determinan la competitividad de un país.

El rezago es muy grande y tiene su origen en la corrupción estatal y la desidia de los gobernantes de turno; en el caso de la última administración, la ideologización de su actuar en detrimento de las necesidades de un país con 15 millones de pobres, 5 de ellos en la miseria.

Ahora, durante el arranque del nuevo gobierno Nacional, se empieza a darle más importancia a ese urgente desatraso con las obras por impuestos, que no es distinto a decirle a los contribuyentes que usen el mecanismo que les permite construir o prestar un servicio a cambio de una reducción tributaria. No es nuevo, hay unos 700 proyectos aprobados o ejecutados durante la última década, casi un centenar de iniciativas cada año por un valor de $7 billones, que es el monto que deja de percibir la Dian por concepto de pago de impuestos de esas empresas que usan este mecanismo.

Esta idea se ha visto en agua potable, educación pública, infraestructura vial, energía y salud; por ahora los gobiernos de turno le han puesto un foco territorial en municipios que gozan de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y zonas más afectadas por la violencia o la pobreza.

Colombia no se inventó ese mecanismo ni le ha apostado a que funcione: los gobiernos de turno prefieren recibir el dinero de los impuestos y, a través de sus funcionarios, con el lobby de los congresistas, decidir en dónde hacen una carretera o un hospital, obviamente, paso obligado por los peajes de la corrupción. No quiere decir que, si la obra la ejecuta un gran contribuyente, se haga en condiciones, pues los mecanismos de auditoría no funcionan y hay obras de esas 700 mal diseñadas, con disgusto en las comunidades, y lo que es peor, entregadas en malas condiciones y a destiempo. Eso es como la casa por cárcel, que es un buen mecanismo diseñado para resocializar, acabar con el hacinamiento carcelario, privilegiar los delitos menores y mostrar resultados sociales, pero al final es evidente que hay delincuentes que abusan del mecanismo.

El gobierno Nacional quiere avanzar en esta idea: habrá condiciones más favorables para las empresas interesadas en vincularse a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, con una cobertura más amplia a todas las zonas afectadas en cuatro departamentos, no solo a municipios afectados por la pobreza o la guerra. La aprobación de proyectos se hará en 15 días hábiles; se anunció mayor flexibilidad de pago, con aportes anticipados desde el impuesto del año en curso para la modalidad de fiducia.

Se mantendrá el beneficio tributario hasta 50% del impuesto de renta. Todo con el fin de que las empresas contribuyan directamente a la reconstrucción del país, al tiempo que optimizan su carga tributaria de forma eficiente. Sobre el papel y en PowerPoint todo funciona, pero cualquier iniciativa debe partir de las experiencias previas y visibilizar los errores cometidos. Es una buena iniciativa que debe ampliarse a los 1.103 municipios, y en la que los empresarios que han sido efectivos al usar el mecanismo deberían mostrar mejor en qué falla el sistema y cómo llevarlo a otro nivel.