Enseñanzas que deja el caso de Electricaribe

Hace casi un cuarto de siglo hubo un escándalo de grandes magnitudes en Colombia conocido como “la trama Comsa”, uno de los primeros sueños de grandes obras en la historia reciente del país, en la que el Ministerio del Transporte -acabado de renombrar, pues antes era el de Obras Públicas- se metió a diseñar y a poner en manos de multinacionales de construcción privadas la vía Tobía La Grande Puerto Salgar, un proyecto de ingeniería con ambiciones que viene a ser el ancestro de la hoy conocida como la Ruta del Sol.

El consorcio ganador estaba conformado por empresas nacionales y dos compañías españolas de gran tradición en el viejo continente. La primera fase fue ganarse la licitación con gran margen por los reducidos costos que propusieron, y la segunda (una vez adjudicada) fue cambiar los diseños a su antojo. La tercera, como siempre ocurre en estos casos, fue demandar al Estado por supuestamente incumplirles las condiciones de mercado, y finalmente la cuarta, fue convocar a tribunales de arbitramento para poner a Colombia contra la pared, especialmente en una época en donde nuestro país no era muy bien visto a los ojos de Europa y Estados Unidos.

Las empresas españolas comprometidas en el escándalo influyeron en el gobierno de su país, en algunos medios de comunicación colombianos y en funcionarios públicos de aquí, para que esas empresas no perdieran tanto dinero en la demanda como estaba destinado y para que no quedaran inhabilitadas en las nuevas obras que se harían años más adelante en Colombia. Hubo lobby de políticos iberocolombianos e incluso fue tema de indirectas en la casa real española para mejorar el trato a las constructoras en problemas, hasta que hoy esas compañías de ingeniería tengan nuevos proyectos en nuestro país, como si nada hubiera pasado. Somos un país que olvida los sucesos anteriores, dejando el pasado solo en los libros y los archivos.

Si bien el servicio de energía en la Costa Caribe tiene fallas graves de no pago y de robo del fluido por parte de empresas, las cosas empiezan a parecerse al viejo caso de Comsa. Electricaribe, filial de Gas Natural, tiene la razón en algunas de sus reclamaciones que tienen que ver con las llamadas pérdidas, pero al mismo tiempo le han incumplido al Estado colombiano y a esos departamentos de la región norte del país en sus inversiones y en el mejoramiento del servicio, además de los controles técnicos que deben implementar para disminuir las pérdidas, que no son otra cosa que robo por parte de abonados piratas. Ya se oyen voces de expresidentes colombianos y españoles y ruidos de reyes y otras presiones para que el Estado recoja las deudas de los usuarios piratas para que ese dinero se le dé a la empresa española. La historia estrictamente no se repite, pero vuelven a suceder los mismos hechos de presión.