Esperando un final de año bastante movido
jueves, 22 de septiembre de 2016
<p>Sin duda que la ratificación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc abrirá una importante agenda de reformas al país que deberá comenzar a concretarse inmediatamente después del plebiscito del dos de octubre</p>
Sin duda que la ratificación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc abrirá una importante agenda de reformas al país que deberá comenzar a concretarse inmediatamente después del plebiscito del dos de octubre, muchas de esas propuestas con un carácter más estructural que coyuntural y cuya discusión y aprobación se dará en forma paralela con el inicio de la campaña presidencial que deberá escoger al primer mandatario para el período 2018-2022. Sin duda, que el proceso será muy intenso en los distintos frentes, pero en particular en el campo político, que deberá tener como condición la necesaria consolidación del poder de la fuerza del Estado en todo el territorio nacional y enfrentar fenómenos que la permean como la agricultura ilícita, el narcotráfico, la minería ilegal y la pobreza rural. Sin embargo, los distintos agentes económicos y las autoridades no pueden de dejar pasar la necesaria atención a los asuntos de corto plazo, de cuya definición acertada depende en buena parte lo que ocurra más allá, en el entendido pragmático de que el largo plazo es la sumatoria de cortos plazos.
Y en ese orden de ideas, todo anticipa que el último trimestre será muy movido y no solo por el resultado mismo del plebiscito, que es el comienzo y no en el fin de la pacificación, pues se supone que en los siguientes meses se debe definir asuntos tan espinosos como la entrega de las armas y la amnistía.
Pero hay varias decisiones que se han congelado como consecuencia de esa discusión y que deberán ser retomadas en forma inmediata: la primera es la reforma tributaria que se presentará a consideración del Congreso en octubre y que el legislativo deberá dejar lista antes del 16 de diciembre, pues debe regir desde enero de 2017.
En las semanas que quedan del año, el Congreso deberá aprobar la discriminación sectorial y regional del presupuesto, asuntos que constituyen el centro de un eficiente y acertado de los recursos públicos y que de acuerdo con las primeras advertencias de algunos padres de la patria no será un asunto fácil argumentando la “necesidad” que tiene el ejecutivo del apoyo del Congreso a las iniciativas que desarrollarán el llamado posconflicto. Pero las urgencias de la coyuntura van más allá. Un día después del plebiscito vence el plazo legal que tiene el gobierno para presentar el presupuesto bianual de regalías para 2017 y 2018 que creará mucha controversia por cuanto habrá una reducción significativa por la caída de los precios del petróleo y el carbón.
El último presupuesto fue de $215,9 billones para 2015-2016 pero fue calculado con un precio de US$64,6 por barril. Ahora, los recursos deberían reducirse a la mitad si se tiene en cuenta que el precio ha bajado en esa proporción. Y no menos importante, comienza la discusión del salario mínimo que estará matizada, con dos hechos centrales: la inflación más alta en 15 años y el aumento en el IVA que estará incluido en el ajuste tributario.