Haití es un país desesperado por la corrupción

En Haití, en pleno siglo XXI, todavía matan presidentes. Esta fue la noticia que despertó a los medios de comunicación en la madrugada del miércoles, cuando se conoció que un grupo de individuos había asesinado al presidente Jovenel Moïse, y había herido de gravedad a su esposa, Martine Moïse, en su residencia privada en el barrio de Pelerin en Puerto Príncipe. El anuncio del magnicidio lo hizo el primer ministro interino, Claude Joseph, quien además de declarar un “Estado de Sitio” para mantener el orden nacional, se sumó a varios mandatarios de la región y del mundo, que calificaron el suceso como un ataque “horrible”, “bárbaro” e “inhumano”. Este hecho pone en jaque la ya quebrantada estabilidad económica y social del país, que además de haber estado constantemente azotado por desastres naturales, el más reciente en 2016, no ha logrado avanzar en sacar a más de 6,3 millones de personas, cerca de 60% de su población, de la pobreza.

Desde hace años el país ha sido calificado como el más pobre de América, con un Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de US$765. Este, pese a que se ha elevado, todavía deja a más de 60% de las personas viviendo con menos de US$2 al día. La ONU ha estimado que estos bajos niveles de ingresos han llevado a que casi 4 millones de haitianos padezcan de inseguridad alimentaria, una cifra que parece destinada a seguir creciendo, agobiada por una economía que en el año de la pandemia se contrajo 3% y donde la inflación anual supera 20%. Estas cifras han llevado a la proliferación de bandas criminales, miseria y un alza en la cifra de homicidios que organismos multilaterales no solo califican de preocupantes, sino que han llevado a considerar como una “hegemonía del crimen”.

Todos los hechos demuestran a un país sin instituciones, sitiado por las bandas criminales y una profunda inestabilidad política de más de 20 gobiernos en 35 años, que merece la atención de la Organización de Estados Americanos (OEA), la ONU, y la comunidad del Caribe, incluida Colombia, que tienen que entrar a mediar para que esta Nación no caiga en las garras, como ya venía pasando, del eje Ortega-Maduro-Morales-Fernández.

A solo dos meses de que lleguen las anunciadas elecciones presidenciales, convocadas para el 26 de septiembre, es necesario que la comunidad internacional apoye de cerca y brinde herramientas a la población para que logren establecer un orden democrático que acabe con el malestar económico y de corrupción que por meses ha sido el foco de protesta de miles de haitianos que han salido a las calles para demandar no solo una mejora social y económica, sino el fin de actos de corrupción que han rondado al gobierno, que también ha sido blanco de acusaciones de actos violentos contra la misma población.

Este hecho sin precedentes en la historia reciente de la región es un llamado más a apoyar el fortalecimiento de las instituciones en países acosados por la corrupción y la polarización que ha dejado cifras de pobreza extrema en todas las naciones del continente y migraciones masivas de más de 2 millones de personas en una isla en la mitad del Caribe, que no entrega oportunidades para sus jóvenes, que no ven otra opción que salir sin nada en la búsqueda de oportunidades y progreso.