Hay que jugarle limpio a la economía naranja

En el Congreso no pueden hacer curso ideas cargadas de lobby que beneficien a empresas extranjeras en detrimento de la producción cultural local

EditorialLR

Es muy sencillo entender uno de los problemas más complicados que se ciernen sobre la empresa local que genera contenidos y que amenaza a la novísima industria que supuestamente se va a privilegiar desde el próximo plan de desarrollo en torno a la economía naranja. Los llamados cableros son grandes multinacionales que distribuyen televisión por suscripción en todos los municipios de Colombia. Muchas de estas empresas generan contenidos propios, pero el grueso de su programación la copan con programación internacional de otras grandes multinacionales de contenido. Los cableros, en donde está Claro de América Móvil de México; Movistar de Telefónica de España y DirecTV de AT&T de Estados Unidos, como jugadores principales, le pagan a los canales extranjeros, tipo Espn, Discovery, Nat Geo, History o CNN, entre otros, un monto por cada suscriptor que tengan, pero cuando se trata del contenido generado por los canales colombianos de televisión abierta que trasmiten novelas, entretenimiento, deporte y noticieros, principalmente, dichas multinacionales exigen que sea gratis, y lo peor de todo es que se blindan legalmente para que esa petición sea una ley, gracias al lobby de algunos congresistas que argumentan beneficio para las audiencias y mayor apertura; todo un sofisma para no pagar a la industria nacional lo que le corresponde. Vale la pena destacar que lo local sigue ocupando los primeros lugares en las audiencias.

Es una situación a la cual se le debe poner mucha atención porque hacen curso en el Congreso iniciativas que van a perjudicar a escritores, guionistas, productores, actores, periodistas, y todos y cada uno de los profesionales que ahora se agrupan en la llamada economía naranja que se basa en su mayoría en puro talento local. Los canales son grandes generadores de empleos formales, desarrolladores de talentos y pagan impuestos conforme a lo que las leyes mandan; pero ahora la competencia abierta en el sector de la televisión y el entretenimiento hace que estos negocios estén más que amenazados por nuevas plataformas, que no solo no tributan de la misma manera, sino que se amparan en conceptos globales, como las economías colaborativas o las innovaciones disruptivas, para cuñarse con leyes interesadas. Con la llegada de un nuevo Gobierno Nacional, estas polémicas que no tuvieron feliz término durante la administración Santos, deben hacerlo, pues no podemos destruir la empresa colombiana con argumentos evasivos y elusivos sobre la realidad de un sector tan estratégico como la televisión.

Es un imperativo que la industria del entretenimiento y de los medios de comunicación se reinvente en un mundo globalizado, pero en esa carrera innovadora, digital y millonaria, no se puede privilegiar a unos pocos en detrimento de lo local. Puede ser que otros países donde la producción es pobre o poco competitiva, existan normas constitucionales que obliguen a los canales de televisión abierta a regalar sus costosos contenidos, pero las cosas en Colombia deben ser a otro precio y no se puede seguir destruyendo profesiones, empresas y modelos de negocios que han sido muy eficientes. La nueva administración debe tomar nota de estas reivindicaciones, que de dejarse en las manos de multinacionales y congresistas interesados, destruyen años de talento.

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