Ir más allá de los “indicadores de ascensor”

Eduardo Lora, uno de los economistas más influyentes, plantea en su último libro, “Economía esencial de Colombia” (Debate, 2019), que “uno de cada dos trabajadores no recibe un salario fijo cada mes y no tiene vacaciones pagadas, ni primas, ni prestaciones sociales que benefician a los asalariados. Muchos colombianos que tienen bachillerato, e incluso quienes tienen estudios técnicos profesionales, se ven forzados a trabajar como independientes en su propio negocio informal a pesar de que no tienen talento empresarial y que ganarían más trabajando para una empresa. ¿Por qué ocurre esto? ¿No sería más eficiente que todas estas personas fueran absorbidas por las empresas formales, que son más productivas y que ofrecen mejores condiciones de trabajo? En pocas palabras, ¿por qué hay tan pocos empleos formales en Colombia?”.

Palabras más, palabras menos, el ex director de Fedesarrollo justifica la situación de informalidad por los altos costos que los trabajadores básicos tienen para los empresarios: “las contribuciones para la seguridad social (por salud, riesgos laborales y pensiones) les representan a las empresas un sobrecosto laboral de 13,7%, y las contribuciones a las cajas de compensación un 4%. Por añadidura, a los trabajadores se les descuenta de su salario 4% para salud y 4% para pensiones (...) Aparte de dichas contribuciones para fondos comunes, las empresas están obligadas a pagar auxilios de transporte a los trabajadores de salarios bajos, lo que eleva en 8% el costo laboral y una diversidad de ‘salarios diferidos’ (cesantías, primas, vacaciones) que representan 23% adicional con costo laboral. También son obligatorios los pagos por horas extras y por trabajo nocturno, que también encarecen el empleo formal”. Toda una suerte de pagos y contribuciones que alejan el empleo verdaderamente formal, pues en la definición misma de informalidad hay muchas discusiones académicas.

El Dane acaba de revelar que más de 5,5 millones de colombianos son informales en 23 ciudades al corte de febrero; lo que quiere decir que la proporción de informales en las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,3%. Las áreas con mayor informalidad son Cúcuta, 69,8%; Sincelejo, 66% y Riohacha, 64,7%; mientras que las de menor son Bogotá, 39,3%; Manizales, 40%; y Medellín, 43,4%. Unas cifras que poco dicen si no están acompañadas de políticas públicas que combatan este problema crónico que es la raíz del bajo recaudo y el déficit en programas de seguridad social para quienes no aportan a los fondos comunes.

La informalidad y el desempleo no pueden seguir siendo un “indicador de ascensor”, en el sentido de que las instituciones distintas al Dane, se limiten a decir que las cifras bajan o suben, sin plantear reformas para afectar estos porcentajes de manera estructural. Si dejamos pasar, mes a mes o trimestre a trimestre, que la informalidad o el desempleo caen o suben, sembraremos por muchos años más la cultura de no pago de impuestos o parafiscales para obtener más recursos netos. Otras entidades públicas, como el Ministerio de Trabajo o Planeación Nacional, deben tomar las cifras y procurar reducirlas por medio de políticas públicas de mediano y largo plazo para que los resultados se vean. Las cifras están y hay que creerles, pero aún no hay sincronización con quienes deben afectarlas.