La alerta temprana del dinero de la paz

Los políticos colombianos son expertos en encontrar dinero público para convertirlo automáticamente en “proyectos productivos” en los que intervienen comunidades sin responsables directos; mandatarios locales y regionales interesados; organizaciones no gubernamentales con funciones etéreas, pero ante todo, instituciones de control y vigilancia ciegas de las múltiples estratagemas que usan para saquear las arcas del Estado. Eso iba a pasar con la plata del posconflicto que se nutre de varios fondos, unos de recursos del presupuesto, otros de colaboraciones privadas, pero ante todo de ayudas de gobiernos amigos que le han creído al proceso de paz que cada día encuentra un escollos diferentes que hacen ver el posconflicto un asunto tan conflictivo como la guerra misma.

La semana pasada, el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció la investigación del manejo de los fondos destinados al posconflicto, administrados en el Fondo Colombia y Paz, creado con aportes de organismos internacionales como el BID, Naciones Unidas, la Unión Europea, el Banco Mundial, además de las donaciones de países que apoyan el proceso. La intervención del ente fiscalizador se da porque los gobiernos de Noruega, Suecia y Suiza enviaron una carta al Ministerio de Hacienda solicitando claridad en la gestión del dinero que debe destinarse para víctimas y zonas en crónica guerra.

El fondo en mención se creó en noviembre de 2015 y se compone de cuatro fondos, entre los que se está el Fondo Colombia Sostenible, que maneja unos US$ 200 millones, se tenía previsto administrar $550.000 millones hasta el 31 de diciembre de 2017. Una vez se desató el escándalo de los intereses oscuros que buscaban manejar esos recursos y redireccionarlos a interesados, tanto las “ías” como el mismo Gobierno Nacional intervino, en una suerte de alarma temprana que debe dar buenos resultados, pero sobre todo quitar el manto de duda frente a los países que le han apostado todo para ayudar al país a salir de la guerra interna.

El Ministerio de Hacienda debe iniciar un proceso de evaluación de cada una de las cuentas del Fondo Colombia en Paz, para que se adelanten los castigos pertinentes y son necesarios, pero ante todo darle celeridad y transparencia a la adjudicación de los recursos para “los proyectos productivos el posconflicto”, que deben ser proyectos reales sin padrinos políticos que están listos para saquear el dinero escaso que proviene en su mayoría de recursos públicos. El dinero de la paz debe tener auditorías independientes para verificar los “tales” proyectos productivos en fase de adjudicación. Ojalá hubiese un acompañamiento internacional, de tal manera que este recurso escaso quede en verdaderos planes para sacar a las víctimas y sus regiones del olvido estatal. No podemos dejar de lado que en tiempos de socialización del proceso de paz se habló hasta el hastío del dividendo económico de la paz, ese punto y medio de crecimiento que llegaría una vez se lograr consolidar la paz, pero ese crecimiento fruto de parar la guerra de seis décadas, nunca llegará si no se quitan las manos de los corruptos del dinero público. Esta alerta temprana es muy buena para que este Gobierno salga bien librado de esos típicos saqueos del dinero público y para que la administración nacional entrante tenga un pilar de financiación en esas zonas que no han creído en el Estado.