La asignatura pendiente del Congreso

Todo está listo para que un nuevo Congreso enfrente los retos económicos del país, pero justo esa es la asignatura pendiente.

EditorialLR

De los 108 senadores que este viernes se posesionarán en el Congreso de la República que irá hasta 2022, solo 21 tiene estudios de pregrado en economía o ha realizado algún tipo de especialización en la materia; una situación que amenaza con convertirse en el gran lunar en su gestión, justo en un momento cuando más se necesita de su labor legislativa para aunar esfuerzos en hacer que la economía colombiana crezca en el cuatrienio venidero a tasas de 4% o 5%; una cifra que no es sacada del sombrero, sino que corresponde a un porcentaje que asegura la reducción del desempleo a tasas cercanas a 7% u 8%, lo que a su vez permitirá que más colombianos salgan de la pobreza y aumente la necesaria clase media. La ecuación del crecimiento es muy simple: un Ejecutivo concentrado en el crecimiento económico, protegiendo la iniciativa privada, garantizando la seguridad jurídica, invirtiendo con eficiencia en las necesidades sociales y de infraestructura; más un Congreso consciente de colaborar con su labor en hacer cumplir un buen plan de desarrollo, ineludiblemente generan una situación idónea para hacer empresa y generar riqueza.

Para lograr que el Congreso piense en el crecimiento económico y el desarrollo, que a su vez genera bienestar, se necesita que sus miembros manejen o dominen los mínimos económicos, financieros y conozcan el papel de las empresas en una sociedad desarrollada. A través de la historia, el común denominador entre los senadores y representantes es que crean que el Estado debe ser el gran benefactor; que debe ser él quien gaste su presupuesto en obras públicas, subsidios y que cada vez más toda la economía dependa de un Ejecutivo que necesita del Congreso para mantenerse en el poder. Esa es la dicotomía que se debe cambiar. Ojalá el nuevo Congreso no siga subsistiendo -como es tradicional- “aceitado” por las viejas partidas parlamentarias, por los cupos indicativos o por la bien llamada “mermelada”. Todos los anteriores son sinónimos que han hecho que la labor del congresista sea de lobista de gremios económicos, de intereses particulares de contratistas y/o de microempresas electorales que les garantizan permanecer en las corporaciones durante años sin que entiendan de desarrollo económico o del papel de la economía bien entendida en un país.

Está claro que la asignatura pendiente del nuevo Congreso es la economía, que no solo sea entendida por sus actores como el arte de sacarle provecho al Presupuesto Nacional a través de contratos y burocracia, sino como desarrollo económico en donde se privilegie el interés colectivo.

Tanto senadores como representantes deben manejar unos conceptos mínimos de desarrollo económico, para que no todo de lo que argumenten de economía ronde las finanzas públicas como fuente inagotable de subsidios económicos o de inversiones regionales que terminan siendo elefantes blancos. Cuando se analizan las iniciativas de origen parlamentario que tienen que ver con inversión social, casi todas esas argumentaciones de obras públicas necesarias para las regiones tienen un interés particular que termina en la agenda de un contratista. La cátedra económica de los congresistas debe cambiar de manera radical y entender que hay gestión más allá de pretender repartirse el escaso Presupuesto Nacional.

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