La avalancha de reformas que le cae al Congreso

Durante esta segunda quincena de marzo, el Congreso de la República recibirá del Gobierno Nacional un paquete de reformas con tintes estructurales que afectará el rumbo de la economía en el mediano plazo.

La primera tiene que ver con la sonada reforma a la salud que busca centralizar la administración de los recursos bajo el argumento de llevar mejor servicio de salud a toda la población, pero sobre todo poner en cintura a las siempre polémicas Empresas Promotoras de Salud, EPS, que vienen disfrutado de integraciones verticales de sus servicios y que serán el foco de los cambios propuestos por el Ministerio de la Salud.

La segunda reforma es la laboral que ha sido socializada ante las centrales obreras, los gremios económicos y bajo la tutela del Ministerio de Trabajo, que muestra ser más una reforma a unos artículos vigentes, que enfocada a la formalización del empleo en Colombia o a satisfacer la necesidad de generar más puestos de trabajo.

Lo que se conoce de esta iniciativa gubernamental es que es más pensada en modernizar viejos esquemas laborales, de la segunda o tercera revolución industrial, que visualizar temas como el teletrabajo, las plataformas, las jornadas extendidas, la glocalización de tareas, etc., puntales de lo que está sucediendo en países mucho más competitivos que el nuestro en términos de generación de empleo.

Y la tercera reforma, quizá una de las más sensibles en lo que tiene que ver con el sistema financiero, es la reforma pensional que busca potenciar a Colpensiones y bajar protagonismo a los fondos privados. Se pretende cambiar el sistema vigente por uno sostenido por pilares en donde funcionarían cuatro grades puntales: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario.

En el contributivo estarían todas las personas afiliadas al sistema y Colpensiones recibirá los aportes de los tres primeros salarios mínimos legales mensuales vigentes cotizados. Las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, recibirán las cotizaciones que excedan esos montos. En el grupo semicontributivo estarán los colombianos que no se pudieron pensionar, pero que tienen semanas cotizadas en el fondo público o los privados.

En el solidario estarán todas las personas mayores de 65 años, que son 2,5 millones, quienes recibirían una renta de $233.000 mensuales, por encima de la línea de pobreza. Y por último está el ahorro voluntario conformado por las personas de mayor capacidad adquisitiva que ahorren con este mecanismo para obtener una mejor pensión.

No se toca nada de la edad para pensionarse ni el número de semanas para acceder a una mesada, por lo que el llamado régimen de transición es aún un misterio, pues no se sabe qué ha de pasar con los colombianos que están cotizando en Colpensiones o los 18 millones que ahorran en los fondos privados.

Lo cierto es que estas tres reformas requieren de unos congresistas de cara al país que trabajen con idoneidad profesional, que verdaderamente aporten a los demás colombianos con ideas concretas y novedosas, pero que protejan lo conseguido en el pasado.

El cuento del cambio no es destruir lo pasado, es levantar mejores cosas sobre los beneficios logrados. Tanto en lo laboral, como en la salud y las pensiones, el país no está tan mal como algunos en el vecindario, incluso en términos de Ocde, por tanto hay que mejorar, en lugar de involucionar.