La bipolaridad tributaria de los últimos meses

Uno de los peores lunares de la economía de un país es la inseguridad tributaria, que no solo ahuyenta las inversiones domésticas y extranjeras, sino que genera incertidumbre por los cambios en las reglas de juego. Las personas naturales y jurídicas que pagan impuestos hacen una planeación tributaria para que la época de cancelar sus deberes con el Estado no los coja sin los recursos; algunas empresas apartan dinero en fondos especiales para pagarle a la Dian, mientras que las personas naturales ven en los ahorros en CDT una manera de estar listas para el paz y salvo con el Ministerio de Hacienda.

Aunque en los últimos meses en Colombia de nada vale hacer planeación tributaria, porque el Gobierno nacional viene ejecutando una auténtica “operación licuadora” que lleva al traste cualquier disciplina para encarar los impuestos. Ha pasado de frustradas reformas tributarias a leyes de financiamiento y decretos reglamentarios, entre un arsenal de medidas que buscan apretar más a los contribuyentes de siempre: las empresas y los empleados formales. Nada ha hecho el Gobierno de turno para luchar contra la informalidad, que no paga impuestos, mucho menos para contrarrestar la creciente evasión; simplemente se asfixia a los mismos de siempre.

Más aún, aplica fórmulas de recaudo que están en proceso de extinción, como el antitécnico impuesto al patrimonio, que solo existe en tres países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Los impuestos se pagan con base en lo trabajado en el año fiscal inmediatamente anterior, no durante el desarrollo del lapso fiscal.

La carga tributaria a las empresas colombianas es una de las más grotescas de la Ocde y, en sectores como el energético, es casi devastadora, con más de 80%. Quedan menos de tres semanas para que unas 15.000 empresas con un patrimonio líquido superior a $10.474 millones paguen la primera cuota del impuesto al patrimonio que el Gobierno creó tras decretar la emergencia económica. El 1 de abril, estas compañías deberán cancelar la primera mitad del gravamen, que tiene una tarifa diferencial de 1,6% para los sectores financiero y minero-energético, y de 0,5% para las demás actividades económicas. La segunda mitad deberá pagarse el 4 de mayo de 2026.

Con este esquema, la banca y el sector extractivo aportarán cerca de 56% de los $8 billones que el Gobierno espera recaudar con el nuevo tributo. Lo peor es que esta “licuadora tributaria” sigue andando, muy a pesar de que es una iniciativa demandada; aquí cabe decir que los altos tribunales son especialmente lentos cuando se trata de pronunciarse sobre la viabilidad de estas ideas gubernamentales.

La emergencia económica declarada como consecuencia de las intensas lluvias en algunas regiones del país no se discute, pero debe basarse en cifras reales; máxime cuando esta misma administración nacional ha sido protagonista de dineros perdidos por corrupción, justamente en la entidad diseñada para atender catástrofes y emergencias, como es la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, tristemente célebre porque fue saqueada por funcionarios y congresistas. Hay un presupuesto aprobado para este año por encima de $545 billones que puede redireccionarse para atender a los afectados, de tal manera que la atención necesaria sea fruto de una buena ejecución y no de la asfixia a la que se está sometiendo al sector productivo.