La Contraloría los puso a pagar por las buenas

Nadie puede desconocer que en menos de 50 días la Contraloría General de la República puso a pagar a las aseguradoras los problemas o siniestros ocurridos en Hidroituango, y que hoy tienen en vilo la puntualidad de entrada en generación eléctrica de un proyecto que repotenciará el sistema interconectado en 17%, vital para una economía que le apuesta a crecer en los años venideros al 5%.

No es un hecho menor que, con los cambios recientes en el control fiscal, las cosas empiecen a enderezarse en términos de vigilancia y respeto por el erario público. Antes, la Contraloría solo procuraba el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuía con la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas; pero luego de una reciente modificación, bastante criticada por políticos interesados, logró un acto legislativo que fortaleció el necesario control fiscal con la creación del régimen de carrera especial de los servidores de las contralorías territoriales, la ampliación de la planta de personal, la incorporación de los servidores de la planta transitoria y una suerte de revisión de controles previos, pues se vive en medio de un frenético mundo digital en tiempo real, al que hay que vigilar permanentemente para no llorar sobre leche derramada.

Hidroituango no es un elefante blanco, hay cuadrillas de trabajadores en el campo que procuran entregar las obras a pesar de los atrasos y de los problemas entre Empresas Públicas de Medellín y los constructores. El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, logró que las aseguradoras se sentaran con los responsables y afectados a definir el futuro del proyecto, dejando en claro que el gran problema de la obra es que atraviesa una crisis de aseguramiento, y que como tal debe tratarse, y no de corrupción, como puede presentarse por parte de algunos sectores políticos interesados. En poco tiempo, la entidad logró que la aseguradora Mapfre pague más de 80% del costo del detrimento y que Sura ponga su parte. En pocas palabras, se pudo desenredar un nudo gordiano que tenía en vilo al país desde hace dos o tres años, cuando sobrevino la catástrofe geológica y de construcción.

Es un hito que vale la pena resaltar y ver los resultados con buenos ojos. Solo cuatro semanas después de que se ratificara en segunda instancia el fallo fiscal por $4,3 billones por la pérdida de dineros públicos, se firmó un acuerdo de pago de las aseguradoras, solucionando un problema que pudiera haber tardado muchos años. El equipo de contralores investigó daños patrimoniales, sobrecostos y lucro cesante, pecados contra el erario público que antes no se hubiesen podido atender, pues la vieja Contraloría solo hacía vigilancia cuando “ya para qué”, y no en tiempo real como debe ser, y como se estrenó con Hidroituango y otros grandes proyectos en curso.

Recuperar $3,9 billones no es un asunto menor; legitima el buen camino de la institucionalidad en donde no hay componendas entre privados y públicos para saquear los impuestos. Es cierto cuando el contralor concluye diciendo que “el país hoy gana y todos ganamos”; ojalá las cosas en un futuro se empiecen a dar de esta manera y que no se lamente la corrupción de las entidades de control y vigilancia, que dejan pasar situaciones sin ninguna responsabilidad condenando al país al atraso perpetuo.