La corrupción mutó al Estado capturado

La pugnacidad política reinante por estos días no deja ver con claridad los indicios de la captura del Estado por parte de intereses particulares. La captura del Estado o la cooptación institucional se conoce desde hace rato en muchas alcaldías y gobernaciones que caen en las manos de organizaciones de contratistas, representados por políticos, quienes controlan decisiones de los gobiernos para su beneficio en medio de la impunidad reinante y avalada por las redes sociales y muchos medios de comunicación.

Dice la literatura académica que la cooptación es un fenómeno criminal compuesto por un conjunto de delitos tipificados en el Código Penal, pero ya casi avalados por la sociedad, una suerte de “CVY” o “cómo voy yo”, práctica que hace parte de la cultura pública; vista también como “que roben pero que hagan algo” o, dicho de otra manera, “la corrupción es tolerable en sus justas proporciones”. La persecución penal de las mafias que tienen capturadas varias instituciones le corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de allí la importancia de escoger para el cargo en estos momentos a una persona idónea, y a otros órganos del Estado con funciones de policía judicial.

La dominación y neutralización del concepto de cooptación del Estado, en entidades como la Contraloría y la Procuraduría solo se queda en uno que otro ensayo de funcionarios juiciosos, pero carece de trazabilidad entre los gobiernos; de allí a que se pueda decir que hay entidades enteras en manos de mafias instituidas sin que nadie haga nada.

El caso más reciente es la licitación de los pasaportes en el Ministerio de Relaciones Exteriores, altamente grotesco que pone al descubierto uno de los mejores ejemplos de captura estatal con todas sus dimensiones: carruseles de funcionarios que rotan de su función pública a empresas licitantes sin el mayo rubor y altos cargos que terminan asesorando licitaciones ante las entidades que antes los contrataban. La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, que nada quieren hacer al respecto y se ponen un velo de inoperancia.

Es un hecho que los políticos controlan el Estado y que empresas especializadas en contratar con los gobiernos no dejan que el país se desarrolle. No hay presupuesto que alcance y las obras no se ven, es la prueba ácida de que se están robando todo el dinero de los impuestos.

Las llamadas élites políticas corruptas están controlando el Estado por medio de su burocracia; los comportamientos delictivos en sus posiciones privilegiadas cada vez son más visibles sin que las autoridades de control y vigilancia -puestas por ellos mismos- actúen en beneficio de la sociedad. Es simple: una de las definiciones más claras y concisas de Estado capturado es que nadie hace nada contra la corrupción por dos razones, todo está comprado o todo está permitido.

En Colombia, robar está bien visto desde algunas familias, colegios, universidades, gobiernos o empresas, cuando al interior de éstas instituciones sociales fundamentales no hay sanciones ejemplares para la micro corrupción: comprar marcas chiviadas, contrabando, bajar una señal de telecomunicaciones por la cual no se ha pagado, fotocopiar libros, apoderarse de contenidos en Google; sobornar a un funcionario de tránsito, acordar cuotas de mercado, entre otras muchas prácticas que ponen al descubierto una ética en extinción.