La Corte tiene la palabra en los cambios

Tradicionalmente se ha dicho de manera despectiva que Colombia es un país “santanderista”, refiriéndose a que las leyes, la constitución y las instituciones, son una prioridad de los colombianos, comentario que puede usarse para bien o para mal.

Muchas veces se criticó, durante gobiernos anteriores, que decisiones que comprometían a la Corte Constitucional se tildaban o acusaban de estar gobernando, al oponerse a cambios en la Constitución originados en el poder Legislativo o el Ejecutivo.

Siempre en Colombia estarán de moda las palabras “exequible” e “inexequible”, refiriéndose una clase de sentencia emitida por la Corte Constitucional en la que se manifiesta que una ley es acorde a la Carta Magna. Una norma es exequible cuando su contenido se ajusta a la Constitución o inexequible cuando es contraria.

El Gobierno Nacional actual no ha sido la excepción en intentar modificar mucho de la estructura económica, acudiendo al Congreso y efectuando los trámites legales; lo defectuoso del asunto es que la burocracia y los contratos pululan en el trámite de las leyes; de lejos, una de las costumbres más corruptas aceptadas en Colombia, que los alcaldes, gobernadores y presidentes acudan al intercambio de favores para sacar adelante sus iniciativas, pero que al final corren el riesgo de abortarse -por fortuna- en la Corte, cuando estas no están acorde con la Constitución.

Si se mira lo que le ha pasado a la administración de Gustavo Petro, muchos de sus trámites han sido frustrados por la oportuna intervención de la Corte. Recientemente, ante la demanda de las empresas y los gremios, la Corte dejó sin piso el prohibir la deducibilidad de las regalías del impuesto a la renta, uno de los artículos que promovió la reforma tributaria, aprobada el año pasado.

La misma situación se vive con el impuesto a los productos plásticos de un solo uso, que en manos del alto tribunal corrió la misma suerte. Igualmente, tumbó ocho decretos de la emergencia económica en La Guajira, que planteaban medidas respecto a transición energética y que involucraba a Ecopetrol, pues por decreto permitía la integración vertical de Ecopetrol e ISA para avances tecnológicos y proyectos de energías renovables en el departamento.

No menor, la Corte desbarató la póliza obligatoria que los Centros de Diagnóstico Automotriz debían expedir con cada revisión técnico-mecánica que se realizaba a los automotores, medida que comenzó a aplicarse desde el pasado 1 de septiembre.

Son muchas las acciones que ha adelantado el alto tribunal y que preservan el equilibrio de poderes, al tiempo que le salen al paso a iniciativas mal hechas o que en lugar de mejorar el funcionamiento estatal lo torpedean.

Cabe resaltar que la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible la prohibición de la deducción de las regalías de la base gravable del impuesto de renta para las empresas de industria extractiva restaría cerca de $4 billones al recaudo de la reforma tributaria este año, lo que realmente abre huecos fiscales, pero obliga al Gobierno Nacional de turno a hacer las cosas con coherencia institucional.

La reforma a la salud aún no está en manos de la Corte, pero según el trámite de esa iniciativa en el Congreso, mucho será el trabajo del alto tribunal si las cosas pasan como tal en el Senado. Hay que apostar para que las instituciones hagan su papel.