Editorial

La difícil empresa de construir bien común

<p>La SIC se ha ganado el respeto de los consumidores que ven en esa institución un pilar de la economía de mercado en donde el cliente tiene la razón.</p>

Los colombianos de todos los estratos, profesiones u oficios, niveles culturales y económicos, partidos políticos y en todos los rincones de la geografía, han seguido con admiración y respaldo la labor de una entidad pública que viene demostrando que, cuando hay carácter y decisión, las tareas públicas pueden ser cumplidas en beneficio de la gente del común, de todos los colombianos y de la propia economía social de mercado que se basa en el respeto de las reglas de juego, en este caso, de la libre competencia económica y de la protección de los derechos de los consumidores.

Hablamos de la Superintendencia de Industria y Comercio, una de las entidades públicas más importantes de los últimos tiempos y, por ende, más apreciadas. Esa entidad ha sabido involucrarse en los problemas mínimos y en buscarle soluciones a los mismos. La clave ha sido entender que el problema del mal funcionamiento de una nevera recién adquirida no es un problema menor, sino un drama social y personal para una mujer cabeza de familia que vive con un salario mínimo, pero al mismo tiempo comprender que la cartelización empresarial es el cáncer de la economía, es la ineficiencia y representa el mal funcionamiento de los distintos sectores.

Santos ha demostrado su férreo compromiso con la labor de la Superindustria y ello merece un reconocimiento, pues sin su respaldo esas causas son impensables. Creer en que, como ya lo ha dicho el Presidente “la libre competencia garantiza que la economía esté al servicio de todos y no de unos pocos” es la muestra inequívoca de que él es el líder de esta causa y su abanderado. El superintendente Pablo Felipe Robledo, que hoy la simboliza, en el día a día, no es más que un funcionario aplicado que ha sabido transmitirle a Colombia la importancia de su tarea, por cierto nada fácil por los intereses particulares involucrados.

Muchos mensajes se han mandado en los últimos años y muchas lecciones se han aprendido. Colombia no tiene intocables y todos somos destinatarios de una obligación ética y legal. Hacer las cosas bien no trae consecuencias adversas, pero hacerlas mal sí y de todo orden. Hay un mensaje claro para los empresarios: los necesitamos, les agradecemos hacer empresa y crear empleo, valoramos que crean en el país, pero les exigimos respeto, ética, trato digno a consumidores y respeto por sus competidores y por el mercado.

 Los casos de cartelización ya decididos o de presunta cartelización que aún están en investigación han evidenciado que ahí hay una triste realidad. Pero lo que corresponde es mostrarla sin tapujos, sin misterios y de manera cruda, solo así el país empresarial puede reaccionar positivamente, por su propio bien y el del país. Mientras otros países llevan siglos o décadas descubriendo y sancionando carteles y otras prácticas anticompetitivas, Colombia lleva unos pocos años, contados con los dedos de una mano, pero nunca es tarde.

Hay que seguir apoyando al Gobierno y a la Superintendencia en su importante tarea de hacer cumplir la ley, de investigar y sancionar a quien viole estas elementales reglas de la economía de mercado, pues no hay derecho a minar la capacidad de compra del consumidor y de los empresarios que adquieren materias primas para sus procesos productivos.