La economía no aguanta un paro más

Durante los primeros seis meses del Gobierno de Iván Duque se han realizado sonoros paros estudiantiles y otros de mucho menor impacto o más aislados de profesores, campesinos, camioneros y distintos grupos sociales que en todos los rincones del país se manifiestan por sus causas variopintas, algunas muy razonables y otras bastante particulares, pero todas tienen en común una dinámica traumatizadora en las grandes ciudades, que enrarecen el devenir urbano y frenan en seco el transporte de bienes y servicios cuando se hacen en las carreteras. Mientras los profesores sindicalizados en Fecode protestaban en las capitales, grupos indígenas taponaban la vía Panamericana que une Colombia y Ecuador a la altura del departamento de Cauca; los motivos de esas protestas sociales pueden ser discutibles, pero nunca salen gratis y debe llegar el momento en que el uso del derecho a la protesta social, por cualquier motivo, se desgaste o pierda impacto. Hay que acudir a otras alternativas distintas a afectar la dinámica social de un país económico, cultural o social, y empezar a dar ejemplo de construcción y no de destrucción.

Hay protestas por todo y para todo: contra el Ministro de Hacienda; por la educación en abstracto; por HidroItuango; contra el Fiscal; contra las plataformas tecnológicas en el transporte urbano; para que les den más tierras a las minorías indígenas; contra las EPS, etc. El punto es que se convocan con tanta frecuencia que los promotores no se han dado cuenta que se desgastan y dejan a su paso un enorme costo para la economía, que a fin de cuentas siempre es lo único que se perjudica en lo macro y en lo micro. Desde 2010 se han realizado más de 25 grandes paros, que han costado al país una cifra que supera los $9 billones, según cifras de Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), con corte a finales del gobierno de Juan Manuel Santos y aproximado a lo que lleva Duque.

Si bien las pérdidas económicas ocasionadas por los paros son determinantes, la desestabilización de la esfera institucional tiene un costo distinto y no se arregla con dinero. Hace seis años cuando se dieron las últimas protestas masivas que cubrieron agro, transporte, minería, justicia y educación, los daños fueron irreparables, no solo para el Gobierno de esa época, sino por los costos que acarrearon $1,8 billones, algo así como 0,4% del PIB. Pero el problema no es que hagan parar la economía con sus consecuentes daños, sino los aparentes “logros” a través de los compromisos gubernamentales que, por lo general, tienen que mentir al tratar de manipular las leyes del mercado, como fijar precios, manejar tablas de precios, flexibilizar aranceles, entre otros. De acuerdo con la Anif, el país perdió casi $2 billones entre paros y protestas.

El actual Gobierno solo lleva un semestre y las cosas vistas desde la economía van bien, así lo demuestran los indicadores fundamentales, pero para poder avanzar o prolongar esta situación de optimismo, no hay que atizar paros y protestas por todo, pues la economía necesita de una relativa estabilidad para poder crecer; bastante tienen los empresarios con la “inesperada” política tributaria para que a esta inseguridad contributiva se sumen los traumatismos que siempre trae cualquier protesta. Es un momento oportuno para llamar a un pacto por el crecimiento y la concertación social. Los paros son un derecho, pero abusar de ellos los desgasta y destruye la economía.