La esquiva reforma estructural

Por muchos años las autoridades económicas, algunos gremios de la producción, los centros de investigación, y por supuesto las universidades, han esperado a que el Ministerio de Hacienda y la Dian `se den el lapo` de una vez por todas y elaboren un proyecto de ley bien fundamentado que conciba una reforma tributaria estructural que rehaga la `colcha de retazos` tributarios que componen el sistema de impuestos colombiano, y que es de lejos uno de los principales lunares que señalan los indicadores de competitividad internacional que debemos evolucionar para poder hacer parte de los 30 países más desarrollados.

Y a pesar de la excelente gestión tributaria de los actuales cuadros directivos, quienes le han dado una altura diferente a esta entidad convirtiéndola en una institución inminentemente técnica, la próxima reforma tributaria parece tener más palabras que hechos disruptivos en materia de impuestos. Vuelven y juegan palabras como "equidad, simplicidad y sostenibilidad", las mismas que se vienen usando desde siempre en los proyectos de ley que cuando pasan por las manos de los congresistas se convierten en un coctail de intereses particulares enfocados a la elusión y en algunos casos le coquetean hasta a la evasión de impuestos.

La reforma tributaria estructural no es un invento de los tecnócratas ni una imposición de la banca multilateral, es una necesidad de las arcas nacionales para lograr cambios suficientes que produzcan recaudos netos adicionales superiores al 2% del PIB. Bien plantea Anif que, "para poder hacer una reforma tributaria que lleve el superávit primario del actual -1% del PIB a cero, evitando la elevación de la deuda pública, se necesitan recursos por 1% del PIB. Adicionalmente, se requerirían recursos por 0,8% del PIB para pasar la fuente de financiamiento de los parafiscales de la nómina de las empresas al Presupuesto de la Nación. Por ello, propuestas como las del FMI arroja un faltante de 1,2% del PIB en su cometido estructural".

Los doctores Echeverry y Ortega no pueden estar tranquilos con que el parte de victoria de que los recaudos hayan crecido a un ritmo superior al 20% real en los últimos meses. Todavía estamos lejos del nivel de presión tributario latinoamericano que ronda un 16%, de acuerdo con algunos datos de los índices de competitividad internacional. Hay que revisar en esta oportunidad los cargos a la nómina que han aumentado de 44,3% en 1992 a 58,1% en la actualidad. Bien plantea Fedesarrollo que "de estos cargos, el 13% pueden considerarse gravámenes puros ya que su pago no representa un beneficio directo para el contribuyente, sea este último el trabajador o la empresa". Todavía hay tiempo para enderezar el proyecto.