Editorial

La frustración de la compra de tierras

Es cierto que el delito de invasión de tierras ha cesado en este Gobierno, pero la anunciada compra de tres millones de hectáreas está lejos de ser realidad y la frustración puede crecer

Editorial

A pocas semanas de cumplirse el primer semestre del nuevo Gobierno Nacional, el primero elegido por sus ideas de izquierda en la historia del país, las cosas empiezan a poner las propuestas en su sitio y a darse cuenta o visibilizar que son los principios del libre mercado y el respeto a la propiedad privada lo que hace funcionar la economía, la hacen eficiente, competitiva y les brinda oportunidades de crecimiento y de disminución de precariedades a las personas.

La compra de tierra por parte del gobierno de turno para emprender una suerte de reforma agraria fue una de las ideas angulares al amanecer de la administración; incluso se le puso número a la cantidad de hectáreas que proponían comprar: tres millones, sin aterrizar precios, lugares y beneficiarios; es más, no sabían de dónde iban a sacar el dinero para semejante compra. El anuncio llenó de ilusión a miles de familias campesinas sin patrimonio, quienes soñaron en convertirse en propietarios, sin tener un plan de producción, un modelo de negocio y mucho menos ideas de explotación y comercialización.

¿Cómo se escogerían a los beneficiarios? Cuando el Ministerio de Agricultura se dio cuenta de que tres millones de hectáreas era un territorio similar al de un país pequeño de Centroamérica o Europa, empezó a precisar los anuncios; el gremio de los ganaderos le lanzó un salvavidas y ayudó a que sus agremiados finqueros sacaran tierras para la venta al Estado. Solo llegaron 276.000 hectáreas en unos 370 predios concentrados en su mayoría en la región Caribe y el Magdalena Medio. No obstante, con la llegada de los primeros días de enero, la cartera de Agricultura sumó otras ofertas de diferentes sectores para vender tierras equivalentes a 1,7 millones de hectáreas, aún sin caracterizar o saber su vocación ni mucho menos qué van a producir, ni aclarar cuál es el objetivo de dicha compra estatal. El gran problema, ya atendido por anteriores gobiernos, es que mucha de la tierra que se ha otorgado especialmente a minorías étnicas se ha convertido en un polvorín social y en un foco de corrupción, además de que no han logrado que produzcan o que paguen unos mínimos de impuestos prediales. En los municipios en donde se han ampliado las tierras de los resguardos, la economía ha involucionado, se han destruido puestos de trabajo y hoy en día carecen de producción destinada a las centrales de abastos, y mucho menos para exportar.

El Ministerio de Agricultura debe corregir esa política pública para que no se le convierta en una frustración que sea peor que el problema. Lo primero es identificar beneficiarios, planes de negocio, hacer un mapa de tierras en venta y designar responsables de sus planes de producción. El origen de un buen emprendimiento agropecuario no es la propiedad de la tierra, es la vocación de producción, el mercado y los objetivos económicos. Es cierto que Colombia puede ser una verdadera despensa agroindustrial del mundo y con ello ampliar el portafolio de productos de exportación, pero más allá de la retórica debe haber un plan mega con cifras de producción, de generación de nuevos empleos formales y mucha competitividad. Si la llamada reforma agraria no va acompañada de planes de negocio serios, lo único que se consigue es un mercado de tierras sin mucho sentido ni propósito.

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