La importancia de la transición en los gobiernos

Colombia puede ser el reino de las leyes de Murphy: todo lo que pueden empeorar lo hará, eso si los protagonistas de los sucesos no ponen de su parte. El empalme entre un gobierno saliente y uno entrante está determinado en normas que regulan las transiciones administrativas, así se demuestra en la Ley 951 de 2005 que expresamente regula la entrega formal de informes de gestión y recursos públicos.

Un alcalde, un gobernador o el mismísimo Presidente de la República están obligados a llevar cabo un empalme, un cruce de cuentas, un libro abierto o una entrega oficial de todas las actividades que son públicas, no privadas. La salida del actual Gobierno Nacional de la Casa de Nariño y todos sus ministerios y entidades públicas, se ha convertido en una papa caliente, luego de que el gobierno electo de Abelardo de la Espriella, suspendiera la norma al encontrar en el equipo de transición del gobierno saliente, reconciliaciones a causa de manifestaciones de cercanos a la administración que llevará las riendas del país hasta 2030.

Lo que está pasando con el empalme -que es un simple proceso de entrega y recibo- es el mejor ejemplo o muestra de que Colombia es un país capturado por la autodestrucción. Hubo una selecciones en las que ganó la oposición al gobierno actual por un estrecho margen de votos, poco más de 250.000 sufragios, situación que le ha dado al gobierno en ejercicio argumentos para deslegitimar la decisión electoral de la mayoría de los electores. Es un país polarizado entre fuerzas de izquierda en el poder, que han demostrado no querer abandonar el ejercicio público, y una derecha que ha recuperado el poder y tendrá que actuar rápido y con eficiencia para demostrar que puede hacer los cambios que necesita la sociedad colombiana para avanzar en el desarrollo.

Los políticos colombianos no se pueden quedar pegados en el barrizal político, mientras que 15 millones de nacionales viven en estado de pobreza y cinco de ellos en medio de la miseria. La izquierda de Gustavo Petro tuvo cuatro años para manejar el país, sus niveles de ejecución presupuestal fueron mediocres, la obra pública brilló por su ausencia y se evolucionó en materia de seguridad y orden público. Lo lógico fuera que si se quisiera volver a gobernar, en los pueblos, ciudades y el país en general, se preparara una mejor campaña en torno a candidatos idóneos, y que sea en franca democracia electoral que se gane el poder local, regional y nacional.

Petro y sus funcionarios no se pueden aferrar al poder, buscando argumentos traídos de los cabellos que desconozcan la voluntad de 13 millones de colombianos. Las elecciones municipales y departamentales serán el próximo año y le brindarán a todos los partidos políticos, de izquierda y derecha, la oportunidad para seducir con propuestas de desarrollo. Y en 2030 habrá otra oportunidad democrática de plantear soluciones al país en general; le queda muy mal al primer gobierno de izquierda en la historia nacional, pretender aferrarse a los recursos públicos como si fueran un botín, una gallina de los huevos de oro, sin haber logrado avances significativos en una mejor calidad de vida para todos.

La transición entre Petro y De La Espriella debe ser pacífica para bien del país, y todo debe empezar por un reconocimiento pleno de la democracia colombiana, que es la misma que le permitió a Gustavo Petro ser representante, senador, alcalde y presidente.