La inflación de 6,3% sería un descalabro
jueves, 19 de febrero de 2026
El tira y afloje por el incremento del salario mínimo puede ser uno de los pecados más graves que ha cometido un Gobierno que olvida que la inflación es el impuesto de los pobres
Editorial
Los números que arroje el Índice de Precios al Consumidor de febrero serán determinantes para saber si el incremento del salario mínimo vigente de 2026, de 23% para este año -y que fue corregido por el Consejo de Estado-, va a condenar al país a una inflación superior a 6% al terminar 2026 y a resucitar, de manera ineludible, el costo de vida que había tenido un largo período de control hasta hace unos años. En todo el mundo, la pandemia sufrida entre 2020 y 2021 disparó la inflación a niveles insospechados.
En Colombia, la cifra subió hasta 13% en los momentos más críticos, pero cayó hacia 2022. Todas las expectativas se sostenían en que la variación de precios en la economía colombiana se ubicaría entre 2% y 4%, el piso y el techo dibujados por el Banco de la República, la entidad rectora por Constitución que debe velar por el poder adquisitivo de los 14 millones de familias del país. No sucedió así y, en lugar de bajar, la inflación se mantuvo elevada entre 2022 y 2025, un período de alta pugnacidad política en el que el Emisor se ha visto en la obligación de subir las tasas de interés para controlar un brote de precios que ya va en 5,3%, la tercera variación más alta de la región, solo superada por Venezuela y Argentina.
Los técnicos del banco central ya elevaron las tasas de 9,25% a 10,25%, un punto porcentual para evitar un mayor descalabro en el costo de vida, disparado por el decreto gubernamental de subir, sin mayores justificaciones técnicas, el salario mínimo a más de $2,0 millones, con el subsidio de transporte incluido. Según la más reciente Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República, al finalizar este año la inflación podría llegar a 6,3%, lo que se convertiría en una de las mayores derrotas de los macroeconomistas y, dicho sea de paso, de la más básica concertación entre trabajadores, empresarios y el Gobierno de turno. Está demostrado que el salario mínimo juega un papel determinante en la formación de precios al comienzo del año y que Colombia no ha diseñado un mecanismo efectivo para desindexar los bienes y servicios atados a la subida del mínimo y a la inflación misma.
El Banco de la República ha insistido en que uno de los factores que más pesan sobre la inflación es el incremento del salario mínimo por encima de variables clave como la productividad, la inflación causada y esperada y el crecimiento de la economía, entre otros elementos. Lo más preocupante para la inflación de 2026 es que la administración central no reconoce ese impacto, a lo que se suma la decisión tardía del alto tribunal, adoptada con 45 días de retraso, lo que obligó al Gobierno a expedir un nuevo decreto sin mayores concertaciones. Se está jugando con la variación de los precios y con el alto costo de vida que afecta, de manera desproporcionada, a las familias y personas de menores ingresos.
No hay ni claridad ni seriedad frente a un problema inflacionario que se está volviendo crónico, fenómeno que ha generado una peligrosa indiferencia social frente a la subida de precios. El costo de vida debe ser una prioridad para los gobernantes, el banco central y las empresas.