La inversión privada en el Cauca se evapora

Las protestas de indígenas en el departamento del Cauca ya llegan al día 18 y acumulan pérdidas por un valor aproximado a $40.000 millones representados en negocios, en especial, en las mercancías que han dejado de llegar a su destino en algún punto de la geografía del suroccidente colombiano o en el mercado ecuatoriano. La gasolina, el ACPM y el gas natural que no se han podido distribuir en los 32 municipios del Cauca; los alimentos destinados a proveer supermercados y tiendas no llegan; y la recolección de leche de los campesinos se suspendió hace más de dos semanas.

Poco a poco se asfixia una región en donde los resguardos indígenas son la mayoría de la población e imponen sus leyes. Un breve diagnóstico de la situación hace parecer cada vez más el Cauca de los indígenas a la Venezuela de Maduro, situación que espanta cualquier idea de inversión privada que se tuviera a mediano plazo. Las empresas de consumo masivo de alimentos procesados pierden más de US$11.000 semanales; las afectaciones -de entre más de 4 y 12 horas de tránsito versus las entregas esperadas con clientes- aún no se han cuantificado y suponen unos $200 millones diarios. Los lácteos que llegan al vecino departamento del Valle desde Nariño están atrapados y se han dejado de comprar 180.000 toneladas diarias a 2.000 productores.

No todo es consumo o comercio local al por menor: el valor de la materia prima que entra de Ecuador es equivalente a $1.100 millones cada día. Una de las empresas extrajeras que han invertido en zonas francas para exportar motos al vecino país, ve como acumula pedidos sin poder llevarlos a capitales como Popayán, Pasto, Ipiales, Ibarra y Quito. El drama que relatan los pequeños empresarios no es menor. Una mediana empresa de la industria de aceites relata su situación: 98 clientes afectados, pedidos cancelados por $950 millones y ‘sobre fletes’ de $12 millones. Otra panadería describe su situación en $120 millones de pérdidas diarias y unos 2.200 clientes afectados.

Los sobre costos de transporte se estiman en $15 millones por vehículos alquilados y parados en Nariño y Putumayo, además del riesgo que implica el tránsito en las caravanas en carreteras veredales sin pavimentar. Hay represados 263 vehículos que están parqueados en diferentes zonas y están pendientes para exportaciones 137 vehículos adicionales. El panorama que cuentan los empresarios del Cauca, Valle y Nariño es una suerte de noche oscura de “venezualización” del suroccidente. Muchos colegios de la zona no tienen clases porque los profesores que viven en las capitales no pueden desplazarse a sus lugares de enseñanza en las veredas, y lo peor: muchos niños no van al colegio porque están inmersos en la protesta.

Quizá esta sea la situación que se esperaba desde hace varios años para que el Estado actúe en consonancia y rompa de una vez por todas con el círculo vicioso de las protestas en la Panamericana, que dicho sea de paso, se han convertido en un evento de uno o cada dos años en los mismos lugares en donde se somete al gobierno de paso. Si no hay seguridad en la región es imposible que la confianza inversionista regrese a una de las regiones más ricas del país, no sólo por su posición estratégica, sino por su diversidad étnica, puesto fronterizo y corredor al Océano Pacífico.