La junta de EPM debe recuperar el pacto social

Medellín es ejemplo de muchas cosas buenas y malas que no vale la pena enumerar en este momento, cuando hay que concentrarse solo en lo bueno que ha llevado a la capital de Antioquia a ser un referente de trabajo mancomunado entre empresarios, académicos y funcionarios, en una suerte de pacto social, para enfrentar la violencia, el narcotráfico y por supuesto la pobreza. Desde hace casi siete décadas se empezó a construir un conglomerado empresarial en torno a los servicios públicos (agua, energía y teléfonos) que hoy son referente en la región; las Empresas Públicas de Medellín son la tercera compañía más grande en ingresos a la luz de los resultados empresariales del año pasado y ha logrado hacer inversiones en el exterior que la han convertido en una multilatina con renombre en la Alianza del Pacífico. Lo ocurrido en las últimas semanas ha crispado ese pacto social que se ve amenazado y que debe proteger la nueva junta directiva de la compañía pública. La importancia del tema no es solo defender el modelo de gestión o de gobernabilidad, es blindar los retos y tareas que tiene EPM por delante en los departamentos del Caribe (Caribe Mar parte de la vieja Electricaribe) y en la terminación de la construcción de Hidroituango, como espina dorsal de la generación eléctrica para los próximos años. No se trata de defender a ultranza una vieja, desgastado o irrelevante junta directiva de lo público -tal y como la han hecho ver los últimos acontecimientos políticos- se busca preservar un modelo de diálogo empresarial, académico y político en una ciudad que es un caso de éxito en algunos aspectos sociales. EPM es un escenario, un foro de toma de decisiones de ciudad región; de ese lugar de encuentro por lo público, el desarrollo y el progreso, depende 13% del PIB colombiano, cifra que debe protegerse y seguir mejorando.

Ni las crisis inadvertidas o inesperadas -como el covid-19- son malas para rehacer las cosas, ni mucho menos las rupturas de gobernabilidad como lo ocurrido en EPM la semana pasada. Ambas situaciones generan nuevas realidades que obligan a hacer un alto en el camino y desaprender lo aprendido, eso sí, para evolucionar, no para desmejorar lo presente. Esa es la gran tarea y el reto superior que tienen los nuevos miembros de la junta de dicha empresa pública, mejorar lo que se ha hecho hasta ahora y llevar toda la estructura a otro nivel de desarrollo. Y el contexto lo permite y los obliga: nunca antes el sector eléctrico colombiano había dependido tanto de una sola empresa como lo hace ahora de EPM, no solo por la toma de control de un pedazo de Electricaribe, sino porque es el gran constructor de HidroItuango, la gran obra de ingeniería que está llamada a evitar apagones eléctricos para la próxima década. Y si se desagrega más la importancia de EPM se encuentra que para nadie es un secreto que es la médula de la economía antioqueña en donde están alojadas algunas de las compañías más importantes de la Bolsa de Valores de Colombia. Por donde se mire, no hay un Plan B distinto a que a las Empresas Públicas de Medellín les vaya bien y así evitar daños mayores que no son colaterales. Ninguna empresa en Colombia ha sido tan exitosa en reducir la precariedad de su región como EPM, que además de prestar un buen servicio, es admirada y protegida por su comunidad. No es tiempo de destruir sino de pasar la página y seguir adelante.