La lápida del impuesto al patrimonio

Una de las mil maneras que ha usado el Gobierno Nacional para ponerles más impuestos a las empresas es declarando la emergencia económica, que manda al traste la planificación tributaria del sector productivo, que ya es una de las más altas y desordenadas de las 40 principales economías del mundo. Claro que los desastres ocasionados por las lluvias de comienzo de año, en dos o tres departamentos, son una auténtica tragedia que era difícil de prever, pero aplicar unos decretos que buscan billones de pesos para sortear el acontecimiento no solo es desproporcionado, sino inoportuno.

Al Ministerio de Hacienda se le han caído todas sus ideas de financiamiento, por varias razones, entre ellas la falta de concertación con los gremios de la producción y con el Congreso de la República; entonces, al Ejecutivo se le ha ocurrido que las lluvias son la mejor exposición de motivos para gravar más a los mismos de siempre: las empresas, que soportan una carga tributaria superior a 70% y, en algunos sectores, a 80%. El impuesto al patrimonio es un gravamen que afecta directamente al sector empresarial, que genera más de cuatro millones de empleos formales; no hay caja para cumplir en el corto plazo con esta emergencia; endeudarse para pagar impuestos es lo peor que le puede pasar a una empresa, y esto sucede porque se cambian las reglas de juego.

Durante los tres o cuatro últimos años nunca se presentó un plan de crecimiento económico, de incentivos para generar más empleos formales, para aumentar las exportaciones o para que las empresas crecieran las inversiones en varias regiones necesitadas del país, pero con oportunidades; han sido unos años de gran sequía de políticas públicas en pos del desarrollo, en cambio leoninas contra los empleados de nómina formal y los generadores de empleo. Todos los jefes de las carteras de Hacienda y de Comercio no se han movido en favor de la formalización y el apoyo a las empresas, pues el sector productivo es considerado una suerte de contraparte, percepción errada solo presente en países como Cuba o Nicaragua.

Un país se construye entre todos los sectores en pos del máximo bienestar; no es viable que el sector público vea en las empresas un actor contrario a sus propósitos. Es simple: el sector estatal es un agente pasivo en materia tributaria, incomparable con la carga tributaria del privado; no obstante, cobra contribuciones sin mayores modelos de negocios para hacer crecer lo público, sin dar incentivos a las inversiones que desarrollan el país.

El impuesto al patrimonio vulnera los principios de equidad y progresividad plasmados en el artículo 363 de la Constitución Política, pues imponer una tarifa de 1,6% a los sectores financiero y extractivo constituye un castigo a la inversión, que son los componentes más débiles del PIB. En estos momentos, avanzar con el impuesto al patrimonio para las empresas es ponerles una lápida a su gestión, en unos años que no han sido buenos para la gestión empresarial, no solo por la carga tributaria, sino por la débil generación de empleos formales y el bajo recaudo.

Es clave que los candidatos a la Presidencia observen esta situación y vean que la carga tributaria está mal equilibrada y que, en materia de impuestos, menos es más; hacer que las empresas paguen menos es ayudarlas a invertir y a crecer orgánicamente, dando trabajo formal y planeando su tributación; es una manera de bajar la evasión y acabar con la elusión.