La manoseada institucionalidad colombiana

Pocas veces en la historia reciente del país, las cosas por la Contraloría General de la República son tranquilas o andan bien. Muchos de los contralores terminaron en líos con la justicia, incluso capturados por intereses de los carteles de la droga, otros abusaron del poder político y algunos se entregaron a los congresistas que los nombraron.

La Constitución de 1991 reza en su artículo 267 que: “el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría, que vigilará la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la Nación”.

En la actualidad, el control fiscal a la gestión pública pasó de ser previo y perceptivo, a posterior y selectivo. Desde hace tres años, “el nuevo enfoque del control permite la aplicación de un control de advertencia o de prevención, para que el administrador público conozca en tiempo real las inconsistencias detectadas por la Contraloría y, mediante la aplicación de un control de corrección, proceda a subsanarlas, con el fin último que es el mejoramiento continuo de las entidades públicas”.

Tiene más de 4.000 funcionarios en todo el país, pero de manera inexplicable existen en los departamentos unas contralorías de segundo nivel que duplican sus funciones, uno de los lunares que no se han podido corregir por la alta carga politiquera que existe en esta entidad y su incestuosa relación con los congresistas.

La suerte del actual contralor, Carlos Hernán Rodríguez, quien se posesionó para el periodo 2022-2026, está echada y engrosará el listado de los contralores enredados, esta vez, por un tema de vicio en el trámite, una situación tan buena o tan mala como se quiera interpretar, pues los más tranquilos en este momento son los funcionarios corruptos que actuarán a sus anchas hasta que no haya claridad sobre el futuro del nuevo contralor, que seguramente será como siempre del bolsillo de los congresistas, que a su vez protegen a sus patrocinadores contratistas del Estado.

Es un círculo vicioso que algún día debe corregirse, de lejos es una entidad fundamental para la economía que ahora está capturada por otros intereses. No se puede olvidar que la Contraloría es la gran cazadora de elefantes blancos, esas grandes obras que se pagan y nunca se hacen o se terminan.

En teoría, la Contraloría General de la República es uno de los órganos autónomos e independientes del Estado que debe garantizar el buen uso de los recursos públicos y la investigación plena de funcionarios indelicados con los impuestos nacionales.

Que ahora sea una entidad en el limbo es más que peligroso en un momento de transformación del modelo económico, de la estatización de temas como la salud o las pensiones, o quizá la decisión ideologizada de cambiar el modelo energético del país.

Algo bueno de dejar este descabezamiento de un contralor, y es que las listas para esos cargos no deben amañarse por el Congreso, que hay personas probas que merecen estar en los primeros lugares de elección; tal como debe ser el servicio diplomático, las superintendencias y demás funciones públicas llamadas a rehacer un Estado menos corrupto, pero en el camino de esta “institucionalidad” se queda en un limbo que atenta contra la misma “institucionalidad”. Como siempre deben quedar enseñanzas y una oportunidad para hacer mejor las cosas.