La noticia debe ser la discusión presupuestal

El primer paso para definir el Presupuesto General de la Nación para 2027 ya se dio en las comisiones terceras y cuartas conjuntas del Congreso de la República. Las células legislativas le dieron el visto bueno al monto definitivo, el cual supera los $634,9 billones. Esta cifra es la más alta de la historia del país y representa un enorme desafío para su financiación.

El legislativo tiene plazo hasta el 25 de septiembre para aprobar el proyecto en primer debate en comisiones conjuntas. Este proceso se ha convertido en un verdadero calvario para la administración central, que ha tenido que sortear y descartar más de 600 proposiciones destinadas a modificar la distribución de los recursos. Con este panorama, se repite la constante histórica en el Congreso: senadores y representantes legislan, a menudo, de espaldas a sus electores. Ven en la discusión presupuestal una oportunidad de negociación política en la que, como en río revuelto, buscan pescar favores económicos para sus regiones o beneficios para los contratistas que financiaron sus campañas.

Cabe destacar que el presupuesto para 2027 supera los US$150.000 millones (alrededor de $635 billones), una cifra equivalente al Producto Interno Bruto de varias economías de Centroamérica y Suramérica reunidas. Este volumen de recursos evidencia que el capital que gestiona el Ejecutivo no es menor.

Colombia cuenta con un potencial regional inigualable, pero son los gobernantes de turno quienes suelen fallar en la gestión, la financiación y la toma de decisiones económicas acertadas. Entre finales de septiembre y octubre, la discusión y votación se trasladará a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, lo que sin duda caldeará los ánimos políticos. El trámite tiene como fecha límite constitucional el 20 de octubre.

De no alcanzarse un acuerdo -un escenario que ya se ha vivido en los últimos dos años-, el Congreso perderá la facultad de expedirlo y el proyecto gubernamental regirá por decreto presidencial. Históricamente, la discusión del presupuesto en Colombia no ha sido una noticia de interés o conversación nacional. Es un asunto capturado por los políticos y comentado únicamente por académicos en pasillos de poco eco. Sin embargo, en una democracia madura, todos los electores deberían interesarse por el destino del dinero público, ya que este afecta directamente el bolsillo de los contribuyentes. Si este debate sigue pasando desapercibido, no solo se alimenta la corrupción, sino que se le hace un flaco favor a la sanidad democrática.

Por ello, hasta finales de octubre, el foco de la agenda pública debería ser el presupuesto nacional; de lo contrario, quienes ganen en la polémica coordinarán como gregarios a una ciudadanía que nunca se enteró. En términos de la Ocde, Colombia es un país que siempre se raja en la educación de los jóvenes que cursan bachillerato, especialmente en lo que tiene que ver con las matemáticas y en el manejo de las finanzas básicas, pero si eso se amplía a los adultos se explica que sea una sociedad desentendida de los temas que afectan la construcción de los pueblos y ciudades.

Casi todos los actores sociales son expertos en exigir sus derechos, en pedir la disminución de las precariedades públicas, pero pocos atesoraran el deber de conocer en qué consisten los presupuestos de sus gobiernos locales, regionales y nacionales. Hay que romper la tradición de que el Presupuesto General de la Nación sea construido y manejado a la sombra de la luz pública, solo si se conoce y se difunde las cosas mejorarán.