La parábola de los carrotanques de La Guajira

Lo que está pasando en Colombia con la trama de los carrotanques es el verdadero cuento de Robin Hood, pero a la inversa: robar a los más necesitados para dárselo a los corruptos.

Al comenzar este 2024, (18 de enero) la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, anunció con bombos y platillos que llevarían 40 carrotanques para abastecer de agua potable a los más necesitados de La Guajira. De lejos era una pobre solución a una necesidad básica insatisfecha de toda la vida en uno de los departamentos más complejos del país, pues hay todo tipo de riqueza, pero la corrupción local y nacional no ha dejado que nada fluya, y a la postre, la idea terminó en escándalo por sobrecostos y pago de coimas.

El escándalo explotó por el evidente abandono de 40 carrotanques parados y sin cumplir su objetivo de entregar agua a los más necesitados de La Guajira. El problema creció cuando la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y el mismo presidente, Gustavo Petro, denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación a los tres altos mandos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y a los representantes de las tres empresas que participaron en el negocio.

Las tres empresas que participaron en la cotización estaban relacionadas entre ellas y pudieron ponerse de acuerdo para ofrecer precios similares y justificar los sobrecostos de los carrotanques.

Se encontró que los representantes legales de las compañías: Luket S.AS., Brand S.A.S e Impoamericana Roger S.A.S, están relacionados entre sí sin declarar el previo conflicto de intereses en la contratación pública. Transparencia de la Casa de Nariño planteó que “existirían indicios para considerar una presunta concertación para la fijación de precios y, consecuencialmente, la existencia de sobrecostos en los bienes adquiridos”.

La tapa del acto de corrupción se encontró cuando se supo que Impoamericana Roger S.A.S, la empresa ganadora, tenía un único accionista un estudiante de veterinaria de 26 años de edad, quien, (a la luz de las denuncias), “maneja un capital de $50 millones”, pero alcanzó un millonario contrato con de $46.800 millones para la compra de los 40 carrotanques.

A estas alturas del escándalo, las necesidades de agua de La Guajira se embolataron en medio de la corrupción y nuevamente se usó las necesidades básicas de los pobres para robar. La Unidad de Gestión y sus máximos directivos fueron una suerte de Robin Hood a la inversa (que ya es un síndrome nacional), robando dinero destinado de los pobres para desviarlo a otros intereses políticos, como por ejemplo para comprar las reformas estructurales que hacen curso en el Congreso.

El gran problema, quizá, no es que los presidentes del Senado y de la Cámara hayan sido mencionados por los funcionarios corruptos como destinatarios del dinero público, y por los tramitadores de ese negocio, es que se usaran utilizaran nuevamente -como siempre ocurre en Colombia- las necesidades de la gente más vulnerable para robar.

¿Hasta cuándo los políticos se aprovechan de las regiones más pobres y de su gente para robar? Son carteles y carteles de supuestos empresarios con fachadas, testaferros y todo un engranaje sofisticado de corrupción que son expertos en quitarle el dinero a los colombianos. Comida en el Icbf, tabletas en el MinTic, carro tanques en la Unidad del Riesgo, siempre habrá políticos parapetados en licitaciones para robar. ¿Hasta cuándo?