La pepa de la tributaria estará en las exenciones

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, apuran el articulado de la nueva reforma tributaria que quieren radicar en el Congreso durante la posesión del presidente electo, Gustavo Petro, el próximo 7 de agosto. Los pilares fundamentales están casi listos, enfocados a garantizar el recaudo cuatrienal de $50 billones, de tal manera que el presupuesto anual de inversión esté por encima de $400 billones, unas metas mega que requieren afinar el “garrote tributario, y madurar las zanahorias de la inversión social”. La mina de del nuevo recaudo vendrá de eliminar el grueso de las exenciones que benefician a casi todos los sectores económico, que en gobiernos anteriores eran presentados como beneficios para desarrollo o para generar empleo.

En la mira están las zonas francas, el sector de la construcción y, por supuesto, las actividades extractivas de la minería e hidrocarburos. Durante 2021, las arcas del Estado dejaron de percibir US$93 billones, casi 8% del PIB, por las llamadas gabelas tributarias, derivadas de tratamientos especiales gracias al lobby, deducciones y las onerosas exenciones que Ocampo y Reyes quieren acabar de tajo, tal como lo recomendó la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios el año pasado. Las nuevas autoridades económicas han reiterado que el país es inequitativo por los tratamientos especiales concedidos a contribuyentes -empresas y personas naturales- con el etéreo objetivo de estimular el crecimiento y generar empleo.

El año pasado las exclusiones de bienes y servicios del IVA correspondieron a 72% del total del gasto fiscal; los exentos en bienes y servicios fueron 22%, todo un derroche en los ingresos a los que la nueva administración debe hacerles frente y ha empezado por eliminar los días sin IVA, que eran un auténtico regalo del Gobierno Nacional de impuestos a las personas. Ya la pandemia terminó, la nueva normalidad está en desarrollo y el cobro de impuestos se debe ordenar y actualizar; así Colombia sea uno de los países con mayor cobro, solo para los mismos, es también el más desordenado, realidad derivada de un Estatuto Tributario de casi mil artículos sin reglamentar.

Es oportuno retomar las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, que hace un año dijo que el sistema local no está alineado con las buenas prácticas internacionales, pues la base es muy reducida, es un sistema complejo, injusto y con una economía informal amplia. Según los expertos, “el impuesto de renta a personas naturales tiene una base pequeña y muchas exenciones, lo que implica grandes costos tributarios que, según cifras del Dane, alcanzaron $17,1 billones en 2019 (...) El impuesto de renta es especialmente angosto y el país tiene una gran cantidad de artículos exentos y la cantidad de gastos tributarios es enorme”. Las recomendaciones fundamentales -en ese momento- fueron que se reduzcan deducciones y exenciones que hay en este impuesto. El punto político y económico es cómo quitar las exenciones, pero sin desestimular o eliminar incentivos para hacer empresa. La construcción o la minería, focos históricos de grandes exenciones, perderán la dinámica y los costos seguramente se elevarán, al tiempo que el desempleo puede dispararse en ese par de sectores que son dorsales para sostener el crecimiento de la economía.