La propiedad privada está bajo amenaza

Los atentados y ataques permanentes contra la propiedad privada son ya una pieza habitual de los noticieros sin que las autoridades responsables actúen de manera contundente contra los delincuentes. Individuos organizados en colectivos sociales, resguardos o comunas están violentando el Artículo 58 de la Constitución Nacional que garantiza la propiedad privada de las personas.

En algunos puntos específicos del Cauca, Antioquia y Valle, son permanentes los acechos de invasores contra propiedades de otros individuos que tienen posesiones de vieja data, son contribuyentes, generadores de empleo y focos de bienestar social y ecológico. Es deber del Estado proteger no solo las propiedades, la diversidad e integridad ambiental, al tiempo que debe conservar áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación de las comunidades, para que cualquier terreno no sea visto como producto de expoliación histórica, tierra de nadie y objeto de deseo de grandes invasores arropados con discursos de clase.

La propiedad privada es un concepto de espectro global económico y del ámbito legal presente en todos los países con economías de mercado abiertas, en los que el Estado, a través de sus instituciones, hace respetar la titularidad y adquisición de bienes.

En Colombia todas las personas u organizaciones tienen derecho a la posesión, el control y la disposición de un bien. Nadie puede acceder a una propiedad privada, tomarla con violencia, apropiarse de herramientas, destruir cercados para generar miedo y violentar viviendas, tal como viene sucediendo en explotaciones agroindustriales, agrarias, forestales y ganaderas en puntos específicos del territorio.

Si el Gobierno Nacional permite que esos colectivos sociales, muchos respaldados por grupos guerrilleros, invadan, destruyan o se apropien de fincas, haciendas y pequeñas explotaciones, el sistema habrá colapsado y evaporado las garantías de los propietarios y empleados de las empresas que le han apostado a invertir, generar puestos de trabajo formal y pagar impuestos con el fin de producir y hacer desarrollar al país.

Lo más significativo es que la oleada de invasiones rurales y urbanas era algo que se había presagiado si el modelo “castro-chavista” accediese al poder ejecutivo en Colombia, pero ese tipo de delitos en su mayoría rurales, hoy son frecuentes en medio de un Estado que promulga la defensa de la propiedad, el respeto por los títulos y la garantía de la tenencia.

Las grandes invasiones a empresas, fincas, haciendas y pequeñas explotaciones en Venezuela y en Cuba se dieron una vez los gobiernos de libre mercado y democracia fueron depuestos, derrotados o usurpados, pero nunca antes de que el verbo expropiar se instale como forma administrativa de los recursos de un país.

Esas regiones de Colombia en donde se atenta contra la propiedad privada, se invaden terrenos, se destruye maquinaria, se extorsiona, se amenaza y se asesinan vigilantes y administradores, están en plena “venezuelanización” y es un imperativo que las autoridades e instituciones las recuperen antes de que la situación se masifique y genere enfrentamientos fratricidas.

No solo se debe garantizar seguridad jurídica a las multinacionales, sino también a los propietarios grandes, medianos o pequeños que derivan su desarrollo y bienestar de la propiedad privada. Ojalá no sea tarde para actuar.