La reforma a la salud, urgente e inaplazable

El próximo 16 de marzo cuando el Congreso de la República reinicie sus labores, luego de un largo periodo de vacaciones, el Gobierno Nacional radicará dos proyectos fundamentales para el país económico. El primero tiene que ver con la salud y el segundo con las pensiones. Dos de los asuntos más cruciales para el bienestar de todos los colombianos sin distingo de estrato, y un par de temas crónicos en el olvido del Ejecutivo y Legislativo.

Empecemos por descartar el análisis de la reforma pensional que ya nos ocupará este espacio editorial en próximas ediciones, y porque si bien es un asunto primordial, no existe la premura para estudiarlo como sí ocurre con la salud. Incluso, las pensiones tienen modelos económicos exitosos probados por los fondos privados, cosa que no pasa con el cluster de la salud en el que hospitales, clínicas, profesionales y demás servicios conexos, han vivido al debe desde que se intentó hacer un rediseño histórico con la Ley 100, pero que en el capítulo concerniente a la salud nunca fue reglamentado, o si se hizo algo fue a partir de las tutelas.

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, resume que los nuevos protagonistas del sector son tres: afiliador, recaudador y pagador, todo un tríduo de roles y funciones en donde se generarán los contrapesos para que funcione de la mejor manera. El Estado se dedicará a pagar y para tal efecto manejará más de $20 billones anuales. Lo más novedoso es que el sistema tendrá un agente distinto a las EPS actuales que desaparecerán; y será un administrador cuyo objetivo será la salud de su población, no las inversiones de portafolio de los recursos del sistema, justo en donde radicaba el problema más grande de la salud en Colombia.

El meollo del asunto es que dinero siempre ha existido, pero terminaba en lugares que nada tenían que ver con el servicio de la salud. Al no existir en el futuro intermediación financiera de las tristemente célebres EPS, los recursos irán de la nueva entidad afiliadora a los prestadores. El Ministro lo justifica diciendo que, “y lo mejor es que los gestores no podrán disponer de la liquidez del sistema para hacer inversiones inmobiliarias o construir canchas de golf. Se acaba la intermediación financiera”.

Pero este es el punto más crítico a la hora del debate porque las EPS no se dejarán sacar del negocio tan fácilmente. Primero porque todas no son tan deficientes, y segundo, porque perderán un negocio financiero millonario que les deba importancia comercial. Ahora se viene una guerra de lobistas agazapados representando intereses aparentemente de poblaciones vulnerables que le darán la pelea al M