La sinrazón de la emergencia económica

Por estos días siempre se pone de moda Nassim Taleb, el padre de la teoría de los “cisnes negros”, esos sucesos imprevistos que tienen consecuencias catastróficas, aunque algunas veces son más disruptivos y altamente transformadores. Son hechos sorprendentes que derivan en situaciones atípicas por fuera de las expectativas habituales de los analistas, y al final, todos inventan explicaciones sobre su ocurrencia, haciéndolo explicable y predecible.

En la academia podría decirse que una emergencia económica es un cisne negro en términos de Taleb, algunas crisis externas que arrastran la economía local pueden serlo, también las infaltables catástrofes naturales que no se ven venir ni se han previsto por nadie. Bien se podría pensar que la pandemia pudiese ser un cisne negro, pero el mismo padre de la teoría explicó que no, dado que todo lo ocurrido con el covid era previsible, estaba descontado, que iba a pasar, solo era esperar cuándo ocurriría.

El debate colombiano es que el Gobierno podría acudir a una declaratoria de emergencia económica para poder financiar el presupuesto general para el próximo año calculado en $546 billones, de los cuales hay un hueco o faltante de unos $16 billones. Durante la administración de Ernesto Samper en 1997 ocurrió que mientras el Congreso se pronunciaba a favor de la emergencia económica, solo horas más tarde la Corte Constitucional la declaraba inexequible al no encontrar argumentos de peso para ampliar presupuestos. El argumento no era distinto al actual, de un enorme déficit fiscal que dejaba sin caja al Gobierno de la época.

Es un hecho que a la economía colombiana se le han juntado dos pandemias, la del covid en 2020 y la del mal manejo económico de 2022-2026 (en términos de gasto, recaudo y ejecución), en ambas situaciones el déficit ha rondado 8%, muy por fuera de una regla fiscal que impone máximo 2%. Ante esta penosa situación, derivada del mal manejo del dinero público, el país perdió el grado de inversión, cayó la inversión extranjera y redujo su potencial de crecimiento económico.

El Congreso ha aprobado el presupuesto de $546 billones para el año entrante, pero no la ley de financiamiento que buscaba recaudar $16 billones, lo que obliga a la administración central a reducir el abultado gasto público en un año electoral. En lugar de tratar de solucionar el hueco con más impuestos y una descabellada emergencia económica, la Dian debería mejorar el recaudo, atacar la evasión y el contrabando, al tiempo que los ministerios del ramo económico tendrían que trabajar en incentivos para hacer crecer todos los sectores.

El Presidente ha dicho que el presupuesto del Estado aumenta principalmente porque la deuda interna del país se ha vuelto más costosa, y eso ocurre, debido a que la tasa de interés real establecida por el Banco de la República es alta. “Como la tasa de crecimiento real está por debajo de la tasa real de interés, cualquier economista sabe que se hace insostenible la deuda (...) El presupuesto también aumenta porque el Gobierno debe destinar una gran cantidad de dinero, de $70 billones al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles”.

En contravía, la Andi plantea que no hay condiciones para decretar una emergencia, dado que “el gobierno que ha aumentado el presupuesto en más de 50% nominal durante los últimos tres años, ha disparado el gasto del Estado a niveles nunca vistos”. Todo un buen debate que demuestra que al final, esa tal emergencia económica no existe.