Las decisiones petroleras más descabelladas

“Decidimos que desde la administración Petro no vamos a conceder más contratos de exploración de gas y de petróleo. Sabemos que ha sido un tema polémico, pero consideramos que es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático”. Eso dijo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, durante el Foro Económico de Davos e insistió: “sabemos que muy pronto los países que son los importadores de carbón no lo van a hacer más y nosotros necesitamos generar una economía alternativa lo más rápido posible”.

Hace pocos meses el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, había dicho que analizará 180 contratos antes de decidir si cumplen con el compromiso y verá si son necesarios nuevos contratos. “Cualquier transición energética que reduzca las exportaciones tendría que ser gradual y priorizar el autoabastecimiento de gas”, manifestó ante las sinsalidas de su compañera de gobierno. La Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas comparten una mesa técnica para revisar 380 contratos y definir cuáles son inviables por razones de orden público, conflictividad social y trámites ambientales, los principales obstáculos para invertir en el país.

Es ilógico e irracional, por parte del Gobierno Nacional, no solo afirmar que asfixiará la política petrolera y minera, tal como lo había dicho el mismo Presidente en Jericó con el Código Minero, sino bastante irresponsable con los ingresos de las arcas nacionales, pues el grueso de los tributos corporativos se derivan de ese sector, son los productos que más se exportan y es de las minas, la extracción de petróleo, los proyectos de gas y la explotación de otros minerales que llega el grueso de la inversión extranjera. Lo que han dicho los ministros del ramo y el mismo Presidente es como salir de viaje por carretera conscientes de que el carro no tiene llanta de repuesto, muy a pesar de que se sabe que el vehículo tiene las ruedas gastadas.

Seguramente, este sinsentido político y terquedad ideológica llevará a que las autoridades minero energéticas tradicionales quieran retirarse de sus cargos actuales al no compartir ese cambio de prioridades. En un momento de cambio como el actual, puede aceptarse que la alta gerencia de las petroleras guarde silencio y simplemente se refugie en sus cuarteles de invierno y que los gremios del sector no hagan nada para evitar o criticar los despropósitos de los jefes de las carteras, pero que la academia, los centros de investigación económica y exministros hagan lo mismo es convertirse en cómplices de la debacle petrolera y minera. Lógico que hay que luchar contra el cambio climático y que debe construirse una nueva cultura más sostenible y amigable con el ambiente, pero todo debe ser gradual, no se puede dejar de vender petróleo y carbón ahora que los precios son convenientes y que el mundo aún está demandando estas materias primas.

Un país tropical como Colombia, premiado por riquezas naturales, debe ser más gregario que líder en la adopción de políticas públicas en este sentido, por la simple razón de que la prioridad debe ser el desarrollo, el bienestar, y primordialmente, sacar a 21 millones de colombianos de la pobreza, siete de ellos en la miseria. Colombia no puede darse el lujo de tener abundante petróleo y carbón, decidir no sacarlo ni venderlo, y de paso sentarse a mirar cómo más colombianos caen en el estado desesperanza por falta de ingresos y oportunidades económicas.