Las dos papas calientes para la junta del Emisor

A la Junta Directiva del Banco de la República se le están agotando las municiones para atajar la inflación. Desde hace seis años, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no logra estabilizarse en el rango meta de entre 2% y 4%. La última vez que el indicador se ubicó dentro de dicho margen fue durante la crisis sanitaria global, cuando descendió a 1,6% como consecuencia directa del estancamiento económico mundial. Este escenario evidencia el incumplimiento de su principal mandato constitucional: el artículo 373 de la Constitución Política dicta que el Banco de la República, como autoridad emisora y banco central, debe velar por mantener la capacidad adquisitiva de la moneda.

Sin embargo, este objetivo ha sido esquivo a lo largo de los dos últimos periodos presidenciales, lapsos durante los cuales han transitado doce codirectores por la entidad. Las justificaciones para no alcanzar la meta son diversas. Los analistas y las minutas del Emisor suelen atribuirlo al efecto rebote de la pandemia, la invasión a Ucrania, el agresivo ajuste del salario mínimo, la avalancha de remesas, el comportamiento de las tasas de la Reserva Federal estadounidense y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.

Si bien las externalidades macroeconómicas han presionado los precios al alza durante el último sexenio, existen costos controlados directamente por los gobiernos de turno -como los servicios públicos, los combustibles y los arrendamientos- que han profundizado el encarecimiento del costo de vida en Colombia desde 2021. Este fenómeno ha posicionado históricamente al país como uno de los tres mercados regionales con mayor complejidad en el manejo de su inflación.

Por otra parte, el costo de los alimentos representa un factor estructural de difícil contención debido a su vulnerabilidad frente a choques climáticos, así como ante los bloqueos e inconformidades sociales que impactan la cadena logística nacional. Este componente, infortunadamente, careció de una estrategia de concertación conjunta y transversal por parte del Ejecutivo. Sumado a esto, los incrementos desmedidos del salario mínimo decretados en las últimas vigencias han impedido que la Junta Directiva encauce la inflación hacia la franja objetivo. Ello responde a que las autoridades monetarias han concentrado sus esfuerzos estrictamente en la estrategia de “inflación objetivo”, omitiendo variables determinantes para la estabilidad de largo plazo como el crecimiento económico sectorial, el costo real del crédito y los incentivos para la formalización empresarial. En este complejo panorama, la Junta Directiva del Banco de la República sostiene sus últimas sesiones con el ministro de Hacienda saliente, Germán Ávila.

Al igual que sus antecesores de la administración Petro -los ministros Ricardo Bonilla y Diego Guevara-, Ávila cuestionó la renuencia del Emisor a flexibilizar la política monetaria de forma acelerada para irrigar liquidez al sistema productivo y dinamizar el aparato económico.

Por su parte, el ministro de Hacienda entrante, Miguel Gómez -quien integrará la Junta-, asumirá la cartera en medio de presiones macroeconómicas que proyectan la tasa de interés de intervención en un restrictivo 12,50%. La nueva administración deberá confrontar una realidad ineludible: el Banco de la República sigue en deuda con su obligación constitucional. Ha llegado el momento de que el Emisor y el Gobierno nacional dejen de lado las fricciones institucionales y articulen esfuerzos. De lo contrario, la inflación continuará erosionando las bases del crecimiento económico del país.