Las elecciones y la “pequeña Barranquilla”

Las cámaras de comercio son más que meros gremios. No solo tienen ese carácter, sino una gran representatividad cívica y regional. Por delegación legal son las encargadas de llevar el registro mercantil, a través del cual se da fe pública en materia empresarial. La controversia sobre la conveniencia de que tengan ese instrumento ha sido discutida y siempre se ha considerado que esos entes son idóneos y por su representatividad regional tienen una gran credibilidad. Sin embargo, en los últimos años se han generado dudas al respecto y en particular lo ocurrido hace dos años en Barranquilla, Bogotá, Villavicencio e Ibagué, en las que se descubrieron maniobras de políticos y empresarios para apoderarse de las juntas directivas, por la vía de crear empresas de papel, registrarlas y afiliarlas con el único objetivo de participar en las elecciones.

Descubierta la situación, hubo necesidad de intervenir la Cámara de Barranquilla y aplazar los comicios en otras partes para depurar las bases de datos empresariales. Un proyecto de ley se discutió durante dos años en el Congreso de la República fue aprobado y en julio fue sancionada la ley. En ella se establecieron controles y mecanismos, que se supone acabarían con las maniobras mencionadas, dentro de los que se ratificó el cumplimiento de la obligación de todo comerciante de registrar los libros de actas y socios y de registro de accionistas, con fecha de marzo de 2012, esto es, dos años antes de expedida la ley. Es clara la intención del gobierno y el legislador para sacar de tajo a muchas empresas constituidas solo artificialmente.

Así, las cámaras iniciaron el proceso de depuración y la Superintendencia de Industria hizo el seguimiento a varias de ellas. Los comicios se realizaron en 54 de las 57 cámaras el  4 de diciembre y aunque en principio no se detectaron problemas, se habla de la impugnación de las elecciones en varias de ellas. Pero el caso de Ibagué merece una consideración especial. El presidente ejecutivo de la Cámara fue removido por la junta directiva, que en sesión extraordinaria tomó la decisión con el argumento de que varios de sus integrantes se sintieron afectados por la decisión del ejecutivo de dar cumplimiento a la instrucción del ente de control. Nadie entiende la racionalidad de la medida, dado que no era discrecional sino de obligatorio cumplimiento. Varios de los miembros de la junta de la Cámara de Ibagué afectados por la disposición, tomaron revancha cuando debieron haberse declarados impedidos para actuar, por ser juez y parte. No menos grave es que en la absurda determinación fueron acompañados por dos de los tres miembros representantes del gobierno, que como lo establece la Ley son sus voceros. Lo ocurrido nos hace pensar que estamos frente a una “pequeña Barranquilla”, por lo ocurrido en el pasado.