Las motos son solución, pero más normas

La venta de motos vive su punto más alto en Colombia como solución al problema de movilidad, pero las autoridades deben poner más normas

EditorialLR

Al cerrar 2018 el número de motocicletas que ruedan por las calles de las ciudades colombianas estará muy cerca de los 10 millones de unidades. Si la meta de ventas de todas las ensambladoras que operan en el país se cumple, este año andarán unas 550.000 motos más a las que ya existen; el grueso de este volumen estará en ciudades intermedias de clima caliente como Pereira, Neiva, Sincelejo, Popayán y Montería, entre otras, sin opacar otros mercados tradicionales como Cali, Bucaramanga y Medellín. Y es que la “motomanía” que vive Colombia no tiene que ver con una explicación distinta a los costos que representa comprar y mantener estos versátiles vehículos, que en términos de costo-beneficio tiene muy buenos resultados. La inmensa mayoría de las motos que se ven en las calles son de bajo cilindraje, cuyo precio no supera los $5 millones, además que la operación de compra es bastante sencilla, pues solo se requiere el dinero o una financiación, el seguro de accidentes y la cédula.

No es un mito, pero una moto se entrega con la financiación aprobada y los documentos de identidad, no hay una corresponsabilidad social de los vendedores, en términos de protección al comprador; poco o nada se le explica que es una vehículo de alta peligrosidad, que está comprometido con más de 2.873 muertes en 2017, según el Observatorio de Seguridad Vial. La falta de sensibilización de los vendedores no es el único problema subyacente a la fiebre de motos que se vive en todo el país; también está los verdaderos “costos hormiga” que se desprenden de tener una moto: seguros, multas, parqueaderos, gasolina, cuota mensual y la intangible inseguridad intrínseca, factores que nunca son tenidos en cuenta a la hora de comprar uno de estos seductores vehículos, que día a día llegan a las calles en masa, con la promesa de que se pagan solos con los pasajes diarios de los buses, cosa que no es tan cierta si se mira en detalle.

Ya en las calles el problema incubado por compradores sin información y vendedores sin escrúpulos, se hace notable, especialmente por los ojos extranjeros que ven cómo las ciudades colombianas se empiezan a “asiatizar” -parecerse a metrópolis de Asia- por la cantidad de estos automotores. La gran diferencia es que en Asia las normas de tránsito se cumplen a cabalidad y los motociclistas son conscientes de las deficiencias de sus motos: no compiten en los carriles con los carros; respetan los semáforos; no zigzaguean entre vehículos; no hacen competencias con otros usuarios de las calles; los cruces son sagrados y no invaden las aceras ni las zonas demarcadas para los peatones. En pocas palabras, son sensibles y conscientes de su instrumento de movilidad.

El Ministerio de Transporte, las Secretarías de Tránsito, la Agencia Nacional Vías y la Policía Nacional no han logrado que el Congreso de la República le ponga atención al tema que ha engendrado o ha derivado en otro asunto peor que es el mototaxismo sin Dios y sin ley. Las motos deben tener normas estrictas en cada ciudad; deben pagar peajes; su venta debe ser sensibilizada para que los usuarios no pierdan la vida; debe restringirse la salida de motos de bajo cilindraje a las autopistas, tal como se hace en otros países; pero ante todo, debe haber una cruzada nacional para proteger este sistema de transporte, pero con los mínimos de seguridad en donde intervienen motociclistas ya autoridades.

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