Lo que hay en la nevera está caro, pero más la energía
martes, 6 de septiembre de 2022
Los alimentos han subido en promedio 25% y son los culpables de la inflación, que ronda 11%, pero está pesando más el recibo de la energía y el precio que cobran los generadores
Editorial
Hace casi un cuarto de siglo que los colombianos no experimentaban una escalada de precios tan exagerada como la actual, la inflación anualizada va rumbo a 11%, la corrida del año en 9% y mes a mes no baja de 1%. Al desagregar el costo de vida en Colombia se halla que los servicios públicos, al lado de los alimentos, son los dos rubros que más presionan la inflación. Mucho se ha dicho sobre la variación de los alimentos, que no baja de 25% en promedio, pero siempre pasa de agache el costo de la energía, que ronda 7%, y que no tiene razón de ser, pues los embalses gozan de buen nivel y “moler agua” es una de las actividades industriales más baratas, con mayor margen y no tiene sentido su alto costo. Bien por el Presidente de la República, que ha llamado al orden a las empresas públicas y privadas que generan energía, pues lo más fácil hubiese sido arremeter en contra de quienes llevan la factura de los servicios, es decir los distribuidores, quienes deben cargar con lo más duro, pues son los del contacto directo con el consumidor. Tras esta situación hay fallas históricas que tienen que ver con la indexación de los precios y con fórmulas econométricas que datan del siglo pasado, cuando se decidió regirse por el llamado Índice de Precios al Productor, que era más estable en ese momento, y no al Índice de Precios al Consumidor, que es el ordinario. El gran problema para los más de 14 millones de hogares que pagan la electricidad y las miles de empresas y entidades públicas es que las tarifas han subido en promedio 30% desde enero pasado, una situación que no se veía en la última década, pero la carestía siempre se miraba por lo que había dentro de la nevera y no por el cable que conecta el electrodoméstico. En Colombia hay un puñado de compañías entre públicas y privadas que generan energía a partir del carbón, agua, gas y poco a poco luz solar y viento, que son el comienzo de toda la red interconectada, a través de torres de transmisión, diseñadas para prevenir los tristemente célebres racionamientos. Todas esas variables fijan los precios, desde lo que cobran los generadores hasta las restricciones ligadas a la volatilidad y la tasa de devaluación del peso. Los más perjudicados en este obsoleto esquema son las empresas comercializadoras y las distribuidoras, obviamente sin grandes compañías que “muelen agua”, el encadenamiento energético no sería posible; solo EPM y Enel, juegan varios roles y funciones en el esquema y otras como Celsia, del GEA, e Isagen empiezan a morder mercado, que se concentra en una bolsa de energía. La pregunta del millón es por qué con los embalses llenos no hay una reducción del precio de la energía; la respuesta es que el costo está indexado al IPP y no al IPC, corto circuito al que ningún ministro de Energía le ha puesto atención, y menos la gente de la Creg, que es el regulador del mercado. La clave del tema está en la composición de los jugadores, hay varias empresas públicas de servicios generando energía, pero más privados y multinacionales que deben dar beneficios a sus casas matrices, lo que hace que siempre el costo sea mayor para el consumidor. Solo basta con mirar los resultados operacionales de esos jugadores versus el costo para los usuarios y se advierten aumentos críticos en los ingresos y las utilidades. Ahora Petro y su Ministra de Minas tienen la oportunidad de organizar un mercado bien desorganizado, en el que los beneficiados sean los usuarios: personas y empresas.