Los congresistas deben olvidarse de la mermelada
sábado, 17 de octubre de 2026
Si el MinInterior logra que se apruebe el proyecto de ley que busca erradicar la transaccionalidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, sería un logro sin precedentes contra la corrupción
Editorial
Caída del Índice de Producción Industrial es una pésima señal del rumbo económico
El Índice de Producción Industrial correspondiente a agosto fue -1,2% y alcanzó su punto más bajo en casi año y medio, el retroceso en julio era -0,4%, luego de que el país encadenara cuatro meses de crecimiento hasta alcanzar su valor más alto desde agosto de 2024, de 3,9%. Es una pésima situación que no depara un buen rumbo para la economía durante el último trimestre del año. El Gobierno Nacional debe apurar su estrategia de reactivación, antes de que se vuelva endémico.
La corrupción es, de lejos, el mayor foco de drenaje del Presupuesto General de la Nación. Dicho de otra manera, muchos de los $635 billones se cuelan a los bolsillos de los congresistas y sus patrocinadores. Una manera de evitar que el presupuesto sea visto como un botín consiste en erradicar las relaciones de transaccionalidad existentes entre el gobierno nacional y el Congreso de la República.
El Ejecutivo necesita tramitar en el Legislativo múltiples proyectos de ley para configurar sus políticas públicas de cara a sus electores; mientras tanto, los senadores y representantes a la Cámara ven en esa necesidad una oportunidad para recaudar dinero público. De este modo, pagan a sus patrocinadores a través de contratos con el Estado o los incluyen entre los proveedores de la millonaria demanda de bienes y servicios inherente al gobierno de turno.
Los congresistas no solo tienen un gran apetito burocrático por los puestos que la administración central debe proveer, sino que también buscan participar en las asignaciones presupuestales de cada entidad pública, lo cual constituye el núcleo de la corrupción. Por ello, la propuesta del ministro del Interior, Rodrigo Lara, de transformar la forma en que se relaciona el gobierno con el Congreso resulta más que oportuna al inicio de este nuevo mandato. Sincerar los intereses de los financiadores de las campañas políticas y de los propios parlamentarios es el primer paso, al tiempo que se desenmascaran prácticas que operan como un secreto a voces.
En muchos países democráticos, los legisladores pueden agenciar los intereses de sus regiones e incluso de ciertos sectores económicos, pero esto se realiza de manera transparente, bajo el escrutinio público y dejando constancias que pueden ser investigadas por los organismos de control y vigilancia. Resulta imperativo que sea evidente qué intereses persiguen los congresistas al apoyar al gobierno nacional o al oponerse a él.
En la práctica colombiana, las discusiones en las diferentes comisiones se han llevado a cabo en la opacidad, sin que los intereses individuales de los políticos sean públicos, e incluso sin que se declaren impedidos para debatir temas de los cuales podrían beneficiarse directamente. Los representantes a la Cámara, debido a su origen territorial, tienen el imperativo democrático de gestionar los intereses de sus departamentos y luchar por el desarrollo de la infraestructura, de tal manera que los municipios se beneficien y ellos puedan demostrar su capacidad de liderazgo.
El problema surge cuando los congresistas dejan de representar a las regiones que los eligieron y trabajan directamente para los grupos económicos y empresariales que patrocinaron sus campañas, una costumbre que solo podría justificarse si todos los actores actuaran con total transparencia. En Estados Unidos, por ejemplo, es normal que un congresista defienda abiertamente intereses corporativos y regionales frente al gobierno central, buscando ayudas explícitas para beneficiar a su estado; por esta razón, la actividad del lobby está estrictamente reglamentada entre los propios legisladores, el Ejecutivo y los terceros que actúan como agentes de proyectos particulares.
La política en sí misma es el arte de negociar, y negociar conlleva transacciones ideológicas y materiales; por lo tanto, criticar la transaccionalidad por sí sola demuestra un desconocimiento de la naturaleza política. Lo que verdaderamente debe erradicarse es la opacidad en la que se generan dichas transacciones, una zona oscura donde siempre germina la corrupción.